El exministro de Seguridad, Claudio Latini, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. El Tribunal, además de la pena de prisión no efectiva, impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal, integrado por los jueces Eugenia Zabala Chacur, Fernando De Viana y Hugo Saá Petrino, declaró a Latini culpable por la sustracción de bienes estatales desde el edificio de Terrazas del Portezuelo, hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2023, en los días finales de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
La sentencia dictaminó que Latini dispuso el traslado de bienes del Estado utilizando personal a su cargo, lo que fue calificado como peculado. La pena de prisión fue dictada en suspenso debido a que el exfuncionario carece de antecedentes penales. No obstante, se consideró como agravante el abuso de poder y la proximidad del recambio de gobierno al momento de cometerse el delito.
El exministro permanecerá en libertad, pero deberá respetar las pautas de conducta fijadas por la sentencia para mantener la prisión no efectiva.
La Defensa del Acusado
Durante el juicio, Claudio Latini, quien fue el primer funcionario de la gestión de Rodríguez Saá en enfrentar un debate oral por corrupción, declaró en su defensa que los bienes trasladados eran de su “propiedad” y negó haber sustraído elementos públicos.
“Lo que me llevé eran bienes de mi propiedad, no robé nada”, sostuvo Latini en su declaración ante el Tribunal, donde además justificó el uso de un móvil oficial e identificable para el traslado de las estanterías en cuestión y acusó al Gobierno de ser víctima de una “persecución arbitraria” y “desprestigio” mediático. El exfuncionario no aceptó responder preguntas de la Fiscalía ni de la querella.
Peticiones de la Acusación
Previamente, la Fiscalía había solicitado una pena de cuatro años de cárcel para el exministro, mientras que la querella había elevado su pedido a cinco años de prisión efectiva, argumentando que Latini, al haber trabajado toda su vida en la custodia del Estado, “sabía lo que hacía”. Por su parte, la defensa había solicitado la absolución de Latini.
Otra causa en marcha
Latini junto a los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Ernesto ALí (actual diputado nacional) están imputaods en la Justicia por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También están involucrados los ex intendentes Mario Canali (Cortaderas) y Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro).
La justicia ha dispuesto en el mes de septiembre que todos los imputados (excepto Alí, por su carácter de diputado nacional) deban firmar el libro en Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días y no pueden salir de la provincia por cuatro meses.
Además, ordenó para toda la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar con el Estado por el mismo plazo, al considerar que se trata de un delito penal económico con el Estado provincial como principal damnificado. Las medidas son por 120 días.
La Fiscal de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción, Linda Maluf, fue quien formalizó la investigación penal preparatoria contra los cinco ex funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos. En el desarrollo de su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Anastasi y Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
