La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al proyecto de Ley de Activos Digitales Gubernamentales, que ahora será remitido al Senado para su aprobación definitiva.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi para establecer mecanismos institucionales que aseguren procesos de transición ordenados, transparentes y responsables, evitando que los cambios de gestión afecten a los sanluiseños o interrumpan políticas públicas en marcha.
La norma propone un marco legal para el uso, administración, protección y traspaso de los activos digitales de los tres poderes del Estado, incluyendo cuentas institucionales, redes sociales, dominios web, correos electrónicos, credenciales digitales, accesos a servidores y otros bienes digitales oficiales.
Con su sanción definitiva, San Luis se convertirá en la segunda provincia del país, después de Córdoba, en contar con una legislación específica en la materia.
El proyecto surgió tras el diagnóstico realizado al asumir la actual gestión, el 10 de diciembre de 2023, cuando se constató la pérdida, eliminación y uso indebido de más de la mitad de las cuentas oficiales creadas en años anteriores.
A partir de esa experiencia, se elaboró una propuesta conjunta entre los legisladores, la Secretaría de Comunicación y la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), con el objetivo de garantizar un manejo responsable y seguro de los bienes digitales provinciales.
El texto aprobado incluye precisiones sobre la definición de activos, las competencias de las autoridades de aplicación y los procedimientos de transferencia. Además, contempla la creación de un Repositorio Único de Activos Digitales Gubernamentales, que permitirá preservar y organizar los contenidos generados por los organismos públicos durante cada gestión.
También establece que en los cambios de gobierno deberá realizarse un traspaso ordenado y documentado, mediante inventarios, entrega de accesos y actas certificadas por escribano.
Por último, la ley dispone la adopción de medidas de ciberseguridad, garantiza la accesibilidad de la información y prohíbe el uso partidario o personal de las cuentas oficiales, fortaleciendo así la transparencia y la institucionalidad en la gestión digital del Estado provincial.
