La “política de pacificación” del entones presidente chocaba con el dolor de quienes aún esperaban justicia por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. En 2010 se confirmó su inconstitucionalidad.
“Borrón y cuenta nueva”, “se acabó el país del ‘todos contra todos’” y otras expresiones similares empleó el entonces presidente Carlos Menem para respaldar su política de “olvido y perdón” hacia los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Y también contra algunos guerrilleros como Mario Firmenich. En esa línea de pensamiento, el 29 de diciembre de 1990, hace treinta y tres años, el titular del Poder Ejecutivo Nacional anunció nuevos indultos a los actores del terrorismo.
En esa oportunidad –la primera fue en octubre de 1989– algunos de los beneficiados fueron los jerarcas de las juntas militares que habían gobernado entre 1976 y 1983 y habían sido condenados en el célebre juicio de 1985. Recuperaron la libertad de inmediato.
En seis decretos, en diciembre de 1990 Menem otorgó el perdón a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reynaldo Bignone, Basilio Lami Dozo, Jorge Isaac Anaya, Luciano Menéndez, Santiago Riveros, Cristino Nicolaides, Albano Harguindeguy, Ramón Camps y Guillermo Suárez Mason. También se beneficiaron el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, que además de ser responsable del descalabro financiero del país estaba procesado por dos casos de secuestro y torturas, y el ex líder montonero Mario Firmenich, condenado por el secuestro del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. La política menemista de “aquí no ha pasado nada” era una involución del temperamento que Raúl Alfonsín había adoptado siete años antes. Tres días después de asumir, el 13 de diciembre de 1983, el presidente de la recuperación democrática firmó el decreto N° 158/83, disponiendo el juicio a las juntas de comandantes de la dictadura.
Los indultos de Menem, de 1989 y 1990, fortalecían la impunidad de los militares y, en tal sentido, se sumaban a las leyes de punto final y de obediencia debida.
La primera fue promulgada el 24 de diciembre de 1986. Estableció la paralización de los procesos judiciales iniciados en 1985 contra los imputados de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas.
La segunda fue dictada en junio de 1987. Determinó que los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas no debían ser castigados por los crímenes que habían cometido. Se basaba en la idea que habían actuado bajo la obediencia debida, un concepto militar según el cual los subordinados, en una organización verticalista, se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.
“La hora de la pacificación”
“Yo quiero ser presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos. Por eso no vamos a perder tiempo para concretar la reconciliación de todos los argentinos”, dijo Menem en su primer discurso como presidente ante el Congreso de la Nación.
“Ha llegado la hora de que cada argentino tienda su mano al hermano, para hacer una cadena más fuerte que el rencor, que la discordia, que el resentimiento, que el dolor, que la muerte, que el pasado. Ha llegado la hora de un gesto de pacificación”, afirmó. En otro punto, afirmó que “jamás se alimentará un enfrentamiento entre civiles y militares”.
Pero las heridas por los abusos cometidos por militares y policías durante la dictadura estaban abiertas y todavía sangraban. De modo que la “política de pacificación” de Menem fue muy resistida.
Más de medio millón de personas marchó en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1989, una vez que trascendió la voluntad del presidente de dar los primeros indultos. En la plaza Congreso leyeron un petitorio de que no lo hiciera. Menem desoyó la demanda y firmó los primeros cuatro decretos el 7 de octubre. Beneficiaba a 220 militares y 70 civiles. Al año siguiente, les tendería la mano a los comandantes de las juntas. Recién en 2003 fueron derogadas las leyes de punto final y de obediencia debida. Los indultos fueron anulados y en 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su inconstitucionalidad. Eso abrió la puerta a la justicia contra los represores.
