El hijo del ex gobernador, el ex senador provincial, y su secretaria se hicieron nombrar caciques del pueblo ranquel y se apropiaron de la riqueza productiva de ese territorio del sur provincial que había sido “restituido” al pueblo originario.
Lo definió el propio Claudio Poggi a poco de iniciar su mensaje. Fue la denuncia de “uno de los hechos más indignos y vergonzosos” de los que se han escuchado en los últimos 17 días y que permiten asegurar que “la plata que falta en la provincia de la llevó la corrupción y los aprovechados del Estado”. No hay dudas.
“Sobre finales de la gestión anterior, el ex senador Sergio Freixes, junto a quien sería su secretaria privada, la Sra. Sofia Aguilera y el hijo del gobernador saliente, Alberto Rodriguez Saá Hijo, se hicieron designar Lonkos del Pueblo Ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del Registro de la Dirección de Personas Juridicas de la provincia. Para que se entienda, Freixes, su secretaria y el hijo del gobernador, se hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y su tierra, se hicieron nombrar lonkos, es decir, caciques” explicó Poggi.
Se trata de unas 66 mil hectáreas con todas sus bondades. “De ese territorio y de sus riquezas productiva, Freixes, su secretaria y Alberto Rodriguez Saa hijo, se habían apropiado” aseguró Poggi.
Fiscalía de Estado ya formuló la primera denuncia en la que se da cuenta que “ya desde el año 2017, Sergio Freixes es quien administraba todos los negocios de la comunidad ranquel. Para que se entienda, desde el 2017, no tenían los ranqueles los derechos económicos, civiles y políticos sobre su territorio, lo tenía Freixes, según consta en la denuncia judicial”.
“El 21 de abril del año 2020, el ministro de producción de la gestión anterior, Juan Lavandeira, firmó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, a favor de Sergio Freixes y otros, para que en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del “Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel. El gobernador saliente permitió que mediante la escritura número ciento cuarenta y cuatro, protocolizada por el escribano de gobierno de ese entonces, le quitó a la comunidad del pueblo nación ranquel, la autonomía y decisión sobre su territorio. Los ranqueles desde hace mas de seis años perdieron la potestad de su territorio y de sus recursos económicos. Freixes fue quien manejó su coparticipación y aportes especiales recibidos, fue quien intervino en el manejo y arrendamiento para los más de 8000 vacunos y 120 caballos que, según organismos oficiales, habría en ese campo” detalló el gobernador.
“Entre los meses de marzo de 2022 y julio de 2023 las cuentas que manejo Freixes tuvieron un movimiento de dinero que ascendió al monto de $283.399.813. Los manejos de esos fondos, son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera de la nación, ante la sospecha de posible lavado de dinero. Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos Lonkos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saå hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50.000.000. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodriguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administrada por Freixes y su hijo, $50.000.000” denunció Poggi.
La jefa de la Dirección de Personerías Jurídicas fue instruida por el gobernador para que “intervenga al pueblo nación ranquel, restituyendo a Víctor Baigorria, perteneciente a la comunidad Ranquel, como Lonko normalizador de la comunidad originaria. Acompañado por el doctor Dario Oviedo y el médico veterinario Carlos Amondarain” adelantó Poggi.
Es que en cumplimento del artículo 11 bis de la Constitución y el convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales, reconocido en nuestra carta magna provincial, que determina en su Art. 17, inc 3 debe impedirse que “personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ello”.
“La justicia está actuando a partir de la denuncia penal que hemos formulado desde Fiscalía de Estado. Hemos dictado las medidas administrativas y jurídicas tendientes a proteger las tierras y bienes que hasta hoy eran saqueados a la comunidad originaria y al estado provincial también. Parece mentira, se utilizó una causa noble, destinada a una justa reparación histórica, repite el atropello de sometimiento y saqueo que se intentaba reparar” cerró Poggi.
