El objetivo es que los acusados de delitos “leves”, ante una reiteración, no esperen la sentencia en libertad, sino en prisión.
El Senado provincial dio media sanción a una reforma del Código Procesal Penal, mediante la cual se castiga con prisión efectiva la reincidencia en delitos penales.
La reforma apunta a modificar el escenario actual donde cuando alguien comete un delito que se considera poco grave, espera su juicio y, eventual condena, en libertad. Por lo tanto, si antes de ser juzgado comete otro delito de similar gravedad, seguirá esperando el juicio en libertad.
Esto lleva a que haya muchos imputados acusados de varios delitos en libertad, ya que la prisión preventiva se aplica únicamente si el juez interpreta que existe peligrosidad procesal, es decir, que si dejan al imputado en libertad obstaculizaría la investigación o no se sometería al procedimiento judicial.
El objetivo del proyecto de ley impulsado por el gobierno garantizar que los acusados no puedan incurrir en una reincidencia o la reiteración de delitos mientras están en libertad a la espera de la actuación de la justicia, sino que esperen el veredicto de la justicia en prisión. Por eso incorpora la figura de la «Reiterancia’, que asegurará que los delincuentes que repiten su conducta deban esperar en prisión preventiva el inicio del juicio y no libres como sucede actualmente. “Este proyecto va a beneficiar a la comunidad, pero sobre todo le va a dar una herramienta más al Poder Judicial para combatir este flagelo que tanto afecta y posterga a San Luis”, dijo el senador Martín Olivero, y añadió: “Uno no puede desconocer que esto sucede en la provincia, que los vecinos no se sienten seguros. Y no sólo en San Luis y Villa Mercedes, también en todos los pueblos y parajes de nuestra geografía”.
En su discurso en la Asamblea Legislativa del 1° de abril, el gobernador Claudio Poggi destacó la importancia de estas reformas para combatir la ‘puerta giratoria’: “Queremos brindarle al sistema judicial herramientas para que, respetando las garantías del acusado, se impida que alguien esté libre y cometa muchos delitos antes de ser enjuiciado por el primero de ellos”, señaló.
En esa línea, Olivero indicó que en San Luis hay 20 juzgados penales y durante el 2018 hubo sólo 158 sentencias condenatorias. Esto se traduce en menos de ocho sentencias por año por juzgado. “Lo que falta es compromiso y trabajo, no juzgados”, dijo.
“Imagínense el grado de indignación que genera en la sociedad que la persona que le robó en su casa siga pasando al frente de su propiedad, mirándolo y hasta riéndose, y que la fuerza policial baje los brazos y diga ‘no lo detengo más, si la Justicia no hace absolutamente nada’. Con esta modificación se pretende la rápida respuesta que nos exige, que nos implora la sociedad para vivir en paz”, finalizó el Senador.
“Si la Justicia no hace nada, van a seguir robando”
El director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo considero que la modificación Código Procesal Penal apunta revertir un “mensaje” que parece ya instalado en la sociedad y es que “‘podés robar que no te pasa nada, en cinco quedás en libertad”.
“Si desde Justicia, gran ausente en este tema, no se hace nada, se va a seguir robando”, señaló el funcionario quien además se desempeñó anteriormente como presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de San Luis.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reiterancia delictiva, de modo de “darle otro elemento más a los jueces para que, al momento de la detención de una persona o de la investigación de un delito, evalúen si el sospechoso tiene delitos ante- riores. No condenas, sino causas pendientes, y que estas sean un elemento más a tener en cuenta para el dictado de la prisión preventiva”, explicó. Y aclaró que la reiterancia no es lo mismo que la reincidencia, en tanto esta última le cabe a quien tiene condena. “La reiterancia —dijo— no afecta ninguna garantía constitu- cional, porque la prisión preventiva se impone al solo efecto de garantizar que un sujeto no va a evadir la Justicia ni va a entorpecer la investigación”.
Berruezo agregó: “No sabemos por qué el Poder Judicial, y sobre todo en este caso el jefe de fiscales (Luis Martínez), como bien le ha reclamado la ministra Sosa, no están a la altura de las circunstancias. La Justicia no le puede echar la culpa a la Policía, porque la Policía está actuando. Detiene personas, las pone a dis- posición de los fiscales y los fiscales no hacen nada”.
