La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la decisión de colocar un alambrado de
200 metros en Aguas Blancas, Salta, la zona fronteriza con Bolivia, ya que, sostuvo, «es el punto más álgido de entrada de cocaína al país». La medida generó un rechazo de la Cancillería boliviana.
La cerca «está cuidando una frontera muy caliente, por donde más cocaína entra en la Argentina. Es un paso fronterizo en el que había absoluto descontrol y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado, mediante bandas, con muertes de sicarios», resaltó Bullrich. «El problema ahí era el ladrón cuidando a las gallinas», remarcó .
«Tras asentarnos bien en Rosario tomamos la decisión de armar el plan con la provincia de Salta y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Imaginen que el intendente -Carlos Martínez- está con una causa por narcotráfico. Llevamos Policía, Prefectura Naval y Gendarmería para cuidar el río y terminamos con los pasos ilegales. Hoy hay muy poca gente que pasa ilegalmente», afirmó la responsable nacional de Seguridad.
Lamento boliviano
Apenas conoció la decisión del gobierno argentino, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su malestar en un comunicado: «Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común», afirmó. Y advirtió que «cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos».
«El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan. Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés», agregó la comunicación oficial del país vecino.
