La tarde de este miércoles, luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formulara cargos a Christian Domingo Becher, el empresario detenido por presuntamente integrar una asociación ilícita que se habría hecho de unos $900 millones de pesos de fondos públicos con el Molino Fénix, los abogados de los tres imputados que preventivamente están presos por esa causa solicitaron la liberación de todos.
Tanto Esteban Bustos, el defensor de la exdiputada Anabela Lucero, como Bautista Rivadera, quien representa a los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero, apelaron a distintos argumentos para que sus clientes fueran liberados este día. Pero eso, finalmente, no sucedió. El juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, ratificó el encarcelamiento de todos, ese que dictó el 24 de agosto pasado por 60 días.
Rivadera planteó la revocación de la prisión preventiva o, cuanto menos, su modificación apoyándose en la afirmación de que el proceso puede seguir adelante con otras medidas menos severas.
También le pidió al magistrado que tomara a consideración el buen comportamiento que tuvieron sus defendidos durante el proceso y remarcó que, pese a todo, aún cuentan con el derecho a permanecer en libertad en lo que resta de la investigación.
De hecho, recordó que anteriormente habían dictado medidas más leves como «la firma del libro, que ambos cumplieron de manera satisfactoria y que dicha medida es suficiente para neutralizar los peligros procesales».
Dijo que los dos tienen arraigo a la ciudad, tanto desde el punto de vista laboral como económico, por lo que ni se les atraviesa por la cabeza la idea de escapar a otro lugar.
Planteó que, en vez de continuar el proceso privados de la libertad, les impongan la firma del libro de imputados en fiscalía, la prohibición de salir de la provincia para Lucero, la prohibición de comunicación con personas involucradas en la investigación y una caución económica que implica la entrega de dos vehículos.
Y, en el caso de considerar improcedentes todas esas alternativas, le pidió al juez que contemplara la posibilidad de aplicar la prisión domiciliaria.
Bustos, por su lado, afirmó que el encarcelamiento se sustenta en elementos probatorios inexistentes. Señaló que el MPF tampoco detalló, al momento de hacer tal requirimiento, por qué no eran suficientes las medidas alternativas.
Resaltó que la dirigente política siempre estuvo a derecho, que no hay solidez en las imputaciones y menos evidencia que haga pensar que, en libertad, podría darse a la fuga o intentar entorpecer las averiguaciones.
A cambio de estar alojada en el penal, propuso: la prisión domiciliaria, la firma del libro, la prohibición de salir de la provincia, la prohibición de acercamiento al complejo Molino Fénix y de contactarse con testigos de la causa, una caución personal de los abogados defensores y el compromiso y responsabilidad de hacer cumplir las pautas, además de la caución económica de un auto.
