El diputado nacional Jorge “Gato” Fernández salió en defensa de Joaquín Beltrán y Anabela Lucero, ambos involucrados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del complejo Molino Fénix. Cuestionó la prisión preventiva dispuesta contra la exlegisladora y también el pedido de desafuero de Beltrán, que será tratado mañana miércoles por la Cámara de Diputados de San Luis.
Fernández puso especialmente en duda uno de los argumentos utilizados para justificar las medidas de coerción: el riesgo de fuga. Consideró que resulta difícil sostener ese peligro después de dos años y medio de investigación, durante los cuales, según planteó, los involucrados permanecieron a disposición del proceso judicial.
El pronunciamiento del diputado nacional se produce en un momento clave para Beltrán. La Cámara baja deberá tratar el pedido para quitarle los fueros parlamentarios, un paso que podría dejar al legislador en condiciones de afrontar una medida de coerción similar a la que ya pesa sobre Lucero, su pareja.
Pero Fernández no limitó sus cuestionamientos al caso Molino Fénix. Enmarcó la situación de Beltrán y Lucero en una crítica más amplia hacia la actuación de Fiscalía de Estado, a la que acusó de aplicar una “doble vara” según quiénes sean las personas investigadas.
El legislador nacional apuntó particularmente contra el fiscal de Estado, Rafael Berruezo, y contrastó la intervención del organismo en distintas causas. Mencionó, entre otros casos, el presunto desfalco por dos millones de dólares en “El Caburé” y la investigación relacionada con la entrega irregular de una vivienda que involucró a la exministra Cecilia Lucero.
“Hay juicios de responsabilidad para algunos, para otros no hay juicios de responsabilidad”, sostuvo Fernández al cuestionar lo que considera un tratamiento desigual. También objetó la exposición pública de Fiscalía de Estado en determinadas investigaciones y vinculó esa actuación con la disputa política provincial.
Dentro de ese escenario volvió a colocar la situación de Anabela Lucero y Joaquín Beltrán. Para Fernández, una prisión preventiva requiere fundamentos sólidos y no debería convertirse en una pena anticipada. Por eso cuestionó que, luego del tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, el eventual riesgo de fuga sea utilizado como argumento para avanzar con la detención de los involucrados.
La discusión tendrá mañana miércoles su capítulo político en la Legislatura. Los diputados provinciales deberán pronunciarse sobre el desafuero de Beltrán en una sesión que permitirá medir también los respaldos políticos que conserva el legislador frente al avance de la causa Molino Fénix.
La investigación busca determinar eventuales responsabilidades por presuntas irregularidades cometidas durante la administración del complejo Molino Fénix. Las acusaciones forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser determinadas a lo largo del proceso judicial.
