Anabela Lucero, la ex diputada de Alberto Rodríguez Saá, llegó a los tribunales de Villa Mercedes como una mujer libre. Pero, luego de más de seis horas de audiencia, la retiraron de la sala esposada y escoltada por la Policía. Su hermano Enzo Lucero y Exequiel Scarel, ambos exfuncionarios durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, también partieron al Servicio Penitenciario de San Luis. Allí estarán, en principio, los siguientes 60 días. La pareja de la exlegisladora, Joaquín Beltrán, hubiera corrido la misma suerte que todos ellos si no gozara de los fueros que lo blindan actualmente como diputado. No obstante, dicha protección podría quedar nula si la Cámara de Diputados de la Provincia lo desafuera ante el pedido que el Ministerio Público Fiscal elevará en breve.
El único que logró zafar de la cárcel fue el exfuncionario con el nombre del cantante de “Color esperanza”, Diego Torres. De todas maneras, todos quedaron imputados por “administración fraudulenta”, “destrucción de pruebas” y la siempre difícil de comprobar “asociación ilícita”, delitos llevados a cabo presuntamente cuando estaban a cargo del Complejo Molino Fénix. Según las averiguaciones de los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio, las maniobras que desplegaron en el anterior gobierno les habrían permitido a los acusados alzarse con unos 900 millones de pesos.
El magistrado resolvió hacer lugar a la ampliación de formulación de cargos por los delitos de “administración fraudulenta” y “ocultamiento y destrucción de evidencia” a todos los sospechosos por igual. En relación, a la “asociación ilícita” aceptó dicha imputación, discriminando a Lucero y Beltrán como supuestos jefes de la organización y al resto como partícipes necesarios.
El juez aclaró que no le dictaría el encarcelamiento preventivo a Torres porque, a diferencia de los otros involucrados, ha demostrado ajustarse a derecho y fue el único que se presentó por voluntad propia ante la justicia. Por eso no ve en él algún peligro procesal que ponga en riesgo el curso de la investigación, como sí percibe que subyace en los demás imputados.
Los fiscales contaron que las pruebas les permitieron reconstruir que el perjuicio a la administración pública y, por lo tanto, a la sociedad, ocurrió entre el 2020 y el 2023. Explicaron que los cinco acusados se valieron del rol que desempeñaban en el Molino Fénix y dispusieron de fondos públicos en beneficio propio o de terceros a través de diferentes mecanismos irregulares y artilugios de defraudación, tales como facturas falsas.
Una de esas tácticas consistió en contrataciones directas que realizaban a empresas radicadas en otra provincia y que no eran proveedores del Estado Provincial. Olguín señaló que dichas tácticas las efectuaban con total incumplimiento de las normas contables. Otro de los mecanismos era la contratación de empresas cuyos bienes o servicios no tenían relación con la actividad del Molino Fénix. Así el fiscal precisó que de 116 cheques que relevaron en la investigación, sólo cuatro estaban en orden. Los fondos del resto habrían sido desviados a terceras personas.
El representante del MPF remarcó al respecto que el perjuicio económico ya está consumado, pero que las averiguaciones deben seguir su camino para establecer quiénes fueron los beneficiados con esas maniobras.
En tanto a la asociación ilícita, los fiscales refirieron que existió un pacto entre personas para cometer delitos. Tal acuerdo fue llevado a cabo desde el 2020 hasta el 2023 y estuvo organizado con una división de tareas designada a cada uno de los miembros de esa agrupación. Señalaron que lo imputados afectaron servicios y vehículos a la campaña electoral de Anabela Lucero y que existió, además, una red de pagos. Mencionaron que participaron en más de una decena de hechos, entre ellos, uno registrado en video el 9 de diciembre del 2023, cuando vaciaron la Casa de la Música del Molino Fénix.
Por último, Olguín y Palacio explicaron que la banda incurrió en destrucción, ocultamiento, alteración o sustracción de pruebas, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público. Ilustraron que, a mediados del 2023, y ante el inminente cambio de gestión, Lucero y compañía sustrajeron y destruyeron evidencias que los conectaban de manera directa con la comisión de delitos. Hablaron en detalle de la eliminación de elementos probatorios digitales realizado por Lucero y Beltrán en sus respectivos teléfonos celulares y hasta la destrucción de registros contables bajo el poder de las llamas, en un horno de barro.
