Las sospechas contra la ex diputada albertista Anabela Lucero, su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán y otros tres funcionarios, que trabajaron con ellos en la anterior gestión de Gobierno, por vaciar el complejo Molino Fénix ya no son solo presunciones de un par de fiscales. Desde la tarde de este viernes, los cinco fueron formalmente imputados ante un juez y ahora pesa sobre ellos una causa penal. Lucero y su pareja fueron acusados de cuatro delitos, el resto de dos y, como medidas adicionales, los embargaron por 300 millones de pesos, les inhibieron los bienes, les ordenaron entregar sus pasaportes para asegurarse de que no salgan del país y tienen que presentarse cada mes en una comisaría, para firmar un libro que dé cuenta que están sujetos al proceso.
La ex diputada, ligada a Alberto Rodríguez Saá, y su pareja fueron imputados por «Peculado», «Administración fraudulenta», «Abuso de autoridad» y «Malversación de caudales públicos». En tanto Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres quedaron acusados de «Peculado» y «Administración fraudulenta».
No obstante, el juez de Garantías de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, no prestó conformidad para que sean imputados por «Robo agravado por ser en poblado y en banda», el más gravoso de ese combo de delitos.
Pero la realidad es que los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio se presentaron en la audiencia con la idea de que quedaran imputados por ocho delitos. Y, en una extensa exposición, contaron cómo, según su investigación, los ahora acusados cometieron todos ellos.
El fiscal instructor narró que el primero ocurrió el 15 de junio de 2023 en Casa de la Música, entre las 22 y la medianoche. Sostuvo que, en ese momento, Beltrán y Torres junto a otras personas, fueron al lugar, cargaron parte del mobiliario en una camioneta y lo llevaron a la sede partidaria de Lucero.
El segundo hecho sucedió el 27 de noviembre de ese año, cuando Scarel fue también a la Casa de la Música y sustrajo otros elementos que, por supuesto, son propiedad del Estado.
Olguín contó que el tercer hecho tuvo lugar el 9 de diciembre de 2023, entre las 1 11 y las 18, cuando los cinco imputados «se apersonaron en Casa de la Música y se apoderaron de documentación y elementos del teatro». Detalló que para coseguirlo llegaron al punto de forzar y romper puertas y cajones.
Afirmó, por otro lado, que utilizaron elementos o bienes en beneficio privado y de terceros en relación al servicio de hotelería con el que cuenta el complejo y que está destinado al alojamiento de músicos y artistas.
El quinto delito se configuró, explicaron los fiscales, con los gastos de carga de combustibles de otras personas. Tales autorizaciones estuvieron a cargo de Beltrán, quien era el encargado de la administración del complejo.
Olguín precisó, además, que «hicieron uso de bienes, personal e instalaciones de Casa de la Música a los fines de financiar la campaña política de Lucero».
Airmaron también que usaron automotores destinados a actividades del complejo para fines políticos y partidarios.
Pero eso no fue todo, el fiscal de instrucción formuló cargos por otros tres hechos más denunciados como, la compra de elementos que emplearon en la campaña con fondos del Molino Fénix, el pago de servicios de traslados de personas y militantes a diferentes puntos de la provincia, y la contratación de seguros para la sede partidaria.
