Enfrenta acusaciones de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
Cintia Ramírez, ex funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, enfrenta acusaciones formales por corrupción durante su gestión como Secretaria de Deportes. El fiscal Francisco Assat Alí la imputó ante el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, por cuatro delitos: negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública. Como medidas cautelares, el representante del Ministerio Público Fiscal ha solicitado que Ramírez firme el libro de imputados durante cuatro meses, se le prohíba salir de la provincia por el mismo período y se le aplique la inhibición general de sus bienes hasta la finalización del debate oral. En rigor, Ramírez desempeñó tres roles simultáneamente durante el gobierno anterior: secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y presidenta del San Luis Fútbol Club (SLFC). Se sospecha que, aprovechando estas funciones, utilizó recursos estatales en beneficio propio.
El fiscal Assat Alí consideró varios aspectos para formular los cargos partiendo del nombramiento de Ramírez en la cartera deportiva en marzo de 2022, la creación del Ente Deporte un mes después, las misiones del organismo y los Aportes del Tesoro Provincial (ATP) girados. Además, se tuvo en cuenta la conformación del SLFC como asociación civil.
La acusación se divide en dos partes. La primera involucra 276 transferencias realizadas entre 2022 y 2023 al club por un total de 166 millones de pesos. Estos recursos estuvieron relacionados con viandas, transporte y gastos diarios. El fiscal resumió: “Cualquier gasto del SLFC, propiedad de Ramírez, se cubría con fondos públicos gestionados por la secretaría de Deportes a través del Ente Deporte”. Aunque estas acciones tenían una apariencia legal, en realidad encubrían un ardid destinado a privilegiar intereses particulares por encima del bienestar público.
El fiscal Assat Alí se refirió además la situación que se generó a partir de un pedido de Ramírez y las jugadoras de futbol donde solicitaron al Gobernador un subsidio para comprar un medio de movilidad, un colectivo con 60 asientos. El fiscal destacó la “rapidez” con la que se llevó a cabo el trámite. Y marcó que la unidad fue comprada a una empresa que no se dedica a la venta de vehículos, sino que presta servicios turísticos.
Por otro lado, el fiscal tuvo en cuenta cotización realizada por una martillera pública, que valoró el colectivo en 144 millones de pesos, mientras que el Estado desembolsó en ese momento 290 millones. Sobre las transferencias al club de futbol San Luis Fútbol Club (SLFC), el fiscal afirmó que Ramírez incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes. Todos estos delitos concurren con negociaciones incompatibles con la función, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes relacionados con la compra del vehículo.
En cuanto a la inhibición general de bienes, el fiscal argumentó que, según la escala penal, Ramírez enfrenta un embargo de 2.283 millones de pesos en caso de una posible condena. Llegó a esta cifra al multiplicar por cinco los recursos estatales afectados por las transferencias y el colectivo, que ascienden a 456.612.164 pesos.
Fiscalía, de acuerdo
En representación de la fiscalía de Estado, interviene en la causa el abogado Santiago Calderón Salomón, quien inicialmente expresó su coincidencia con Assat Alí. Y aclaró que la denuncia no está vinculada a una cuestión política, ya que afirmó que hubo una “manipulación de los fondos del Estado para beneficio personal”.
Calderón Salomón aseguró que Ramirez se manejó con “impunidad” y describió: “Estaba tan confiada que no le iba a llegar la justicia que dejó todas las evidencias a flor de piel”. En relación a las medidas de caución, solicitó un embargo por los $2283 millones y prisión preventiva por 120 días.
La defensa
Los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio fueron los encargados de defender a la ex funcionaria que se abstuvo de declarar. Los letrados pidieron la nulidad de la formulación de cargos por una supuesta incongruencia y apuntaron a una violación del debido proceso y del derecho de defensa. Buscaron “despegar” a la funcionaria de la compra del polémico colectivo y valoraron que Ramirez fue una funcionaria “ejemplar”
El juez rechazó el pedido de nulidad de la defensa la prórroga de los ocho días y la prisión preventiva que había solicitado Calderón Salomón. Ahora el fiscal tendrá 120 días para llevar adelante la investigación. Durante ese mismo tiempo, Ramírez tendrá que acudir del 1 al 10 de cada mes a firmar el libro de los imputados, no podrá salir de la provincia salvo cuestiones de trabajo, salud o urgencia.
