A instancias de una solicitud del gobernador electo, Claudio Poggi y el vicegobernador, Ricardo Endeiza, el escribano Juan José Laborda Ibarra notificó este jueves al ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, a cargo de Alberto Rodríguez Saá y a la representante de la empresa Semisa S.A, Celina Suppo sobre los recursos legales interpuestos ante la Justicia para evitar que se comprometan los fondos de la próxima administración de gobierno.
Fue durante el acto de apertura de ofertas de la licitación N°09/2023 de la nueva Ciudad Judicial que cuenta con un presupuesto de $41.321.324.726 y prevé un plazo de ejecución de 650 días corridos.
Hasta el edificio Conservador Bloque II piso 2 del complejo gubernamental de Terrazas del Portezuelo llegó Laborda Ibarra, y bastó su presencia para que varios de los asistentes a ese acto se levantaran para evitar las filmaciones de los periodistas que llegaron a cubrir ese momento.
La documentación judicial –segunda notificación que llega vía escribano pública- fue recibida por el jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura, Cristian Rasmussen.
El pasado martes sucedió algo similar en las oficinas de Vialidad provincial en donde se abrieron los sobres para la obra de refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 por $28.650.000.000. Allí fue notificado de las acciones judiciales el actual director del organismo, Jorge “Timmy” García Quiroga.
Esto a raíz de que a comienzos del mes pasado, la jueza Eugenia Bona hizo lugar a la medida solicitada por el gobernador electo y resolvió “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública, en que el Poder Ejecutivo Provincial, Administración Central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, Agencias, y Sociedades de Estado sea parte, y cuya ejecución pudiera exceder el actual mandato gubernamental”.
No obstante, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis intervino para liberar a Rodríguez Saá y darle vía libre en su intento de vaciar las arcas provinciales con millonarios llamados a licitación a menos de 40 días de dejar el gobierno.
Por eso la causa se definirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Ciudad Judicial”: Poggi notificó a funcionarios y oferentes mediante escribano público
