Este lunes se dio inicio formal al juicio oral contra la ex funcionaria provincial Cintia Marina Ramírez. La causa llegó a esta instancia de debate con un requerimiento de condena de cinco años de prisión para la imputada, quien enfrenta acusaciones por los delitos de “peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial que lleva adelante el proceso está integrado por el Juez Fernando de Viana en calidad de presidente, junto a las Juezas Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales.
Durante la jornada de apertura, la fiscalía presentó los lineamientos principales de su acusación. El Ministerio Público Fiscal está representado en este proceso por el Fiscal de Instrucción en lo Penal N° 1, Francisco Assat, y el Fiscal Adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán. En su intervención, el fiscal Assat señaló que uno de los ejes centrales de la acusación será lograr demostrar lo que él denominó como una “triple identidad” de la imputada.
Con el concepto de “triple identidad”, la fiscalía hizo referencia a que Cintia Ramírez habría ocupado, de manera simultánea, tres roles diferentes que le otorgaban capacidad de decisión o de influencia sobre los mismos recursos: se desempeñó como Secretaria de Estado de Deportes de la provincia, ocupó el cargo de presidenta del Ente de Deportes San Luis y actuó como presidenta de la asociación privada San Luis Fútbol Club.
Según la tesis de la acusación, esta coincidencia y superposición de funciones habría permitido que una misma persona participara de forma directa en la administración de fondos públicos y en la toma de decisiones sobre su destino, al mismo tiempo que ejercía la conducción de la entidad privada que habría resultado beneficiada con la entrega de esos mismos recursos. En resumen, la fiscalía sostuvo que intentará acreditar que la ex funcionaria habría utilizado su posición pública con el objetivo de estructurar un circuito de administración y destino de fondos públicos para beneficiar a una entidad privada vinculada a ella.
Assat indicó que a lo largo del debate se demostrará cómo operó este circuito en el tiempo: tras asumir como Secretaria de Deportes en marzo de 2022, la imputada participó en la creación de un ente descentralizado vinculado a la actividad deportiva, el cual recibió un significativo aporte estatal.
Posteriormente, en octubre de ese mismo año 2022, se constituyó la entidad privada San Luis Fútbol Club, de la cual Ramírez fue designada presidenta. De acuerdo con el planteo del Ministerio Público, a partir de ese momento se habrían realizado transferencias por montos millonarios destinadas a ese club desde diversos organismos estatales que estaban vinculados a la Secretaría de Deportes.
La acusación fiscal también puso la lupa y basó gran parte de su argumentación en la compra de un colectivo. Según la fiscalía, este vehículo habría sido adquirido utilizando fondos de carácter público. En este punto específico, el Ministerio Público Fiscal adelantó que durante el transcurso del juicio demostrará cómo se desarrolló el trámite administrativo para efectuar esa adquisición, cuál fue la intervención específica que habría tenido la imputada en dicho proceso y el presunto sobreprecio de 175 millones de pesos que se habría pagado por el vehículo.
Por su parte, la querella en la causa actúa en representación de la Fiscalía de Estado y es llevada adelante por los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Cruceño. En esta primera audiencia, acompañó la acusación de la fiscalía.
La estrategia de la defensa
La defensa técnica de la imputada Cintia Ramírez está a cargo de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio quienes plantearon ante el tribunal que durante la etapa de investigación de la causa se habrían vulnerado distintas garantías constitucionales vinculadas al derecho de defensa en juicio y al debido proceso. Solicitaron que se incorporara al debate una resolución dictada recientemente por el Superior Tribunal de Justicia.
Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal se opusieron a este planteo. Y luego de escuchar los argumentos de las distintas partes, el tribunal resolvió rechazar el planteo de la defensa.
El juicio continuará en las próximas jornadas con la etapa de producción de prueba, tanto documental como testimonial. Está previsto que el debate oral se extienda hasta el próximo 20 de marzo y que, a lo largo de las distintas audiencias, presten su declaración un total de 29 testigos.
Pocos dirigentes y una presencia muy poderosa
Un puñado de dirigentes del partido Justicialista, en cantidad inferior a los dedos de las manos, esperaron a Cintia Ramírez para expresarle su acompañamiento en las escalinatas del Poder Judicial en donde minutos después debería sentarse para defenderse de las acusaciones en su contra.
A juzgar por sus rostros, pareció más un acompañamiento luctuoso que una expresión de confianza sobre su actuación como secretaria de Deportes.
Allí estuvieron, la vicepresidenta del PJ, Eugenia Catalfamo; el diputado nacional, Ernesto Alí; el diputado y ex jefe de la Policía, Darío Neira y los concejales Martín Divizia, Andres Russo y Julieta Ponce.
Sin embargo, a pocos metros de esa escena, un colectivo similar por el que se pagó un sobreprecio de 175 millones y con un gran cartel con el título “El último gran robo”, imponía con su enorme presencia un simbolismo indisimulable: la certeza de que esa compra por 290 millones de pesos fue un gran negocio personal que hicieron los funcionarios utilizando fondos de los puntanos. El pago del sobreprecio de 175 millones –la tasación oficial del vehículo apenas llegó a los 114 millones y se pagaron 290- fue una revelación periodística del sitio El Puntano, que dirige Emanuel Moreno.
