L a cuenta regresiva ya está en marcha. Este lunes 16 de marzo comenzará en San Luis el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de haber utilizado recursos públicos para beneficiar al San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía mientras ocupaba un cargo en el gobierno provincial.
El debate se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo ante un tribunal integrado por Fernando De Viana como presidente y las juezas Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.
Ramírez llega al juicio imputada por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa fue elevada a debate oral en mayo de 2025. Desde entonces el inicio del juicio se demoró por distintas presentaciones realizadas por la defensa, hasta que el Tribunal de Impugnaciones confirmó definitivamente la elevación a juicio.
El proceso tendrá además una fuerte dimensión política: Ramírez será la segunda funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción, después de la condena dictada contra el ex ministro de Seguridad Claudio Latini, hallado culpable de peculado por trasladar bienes del Estado a su domicilio particular en los últimos días de aquella gestión.
Un testimonio esperado
Uno de los momentos centrales del juicio será la declaración del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, citado como testigo por la defensa de la ex funcionaria.
Su testimonio está directamente vinculado con uno de los hechos investigados en la causa: el subsidio estatal que permitió la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club.
Durante su gestión, Rodríguez Saá firmó el decreto que autorizó la transferencia de fondos para concretar esa operación, por lo que su declaración podría aportar detalles sobre el procedimiento administrativo que culminó con la adquisición del vehículo.
En las últimas horas trascendió que el ex mandatario estaría evaluando realizar un viaje al exterior durante los días en que se desarrollará el debate, lo que podría complicar su presencia en el tribunal.
Además del ex gobernador, también figuran en la lista de testigos el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo —quien también enfrenta imputaciones por corrupción en otra causa en la que se investigan canchas de futbol sintético que no se hicieron—, el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios del área de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en la tasación del colectivo investigado.
Las maniobras bajo investigación
La acusación fiscal se concentra en dos ejes principales. El primero refiere a 188 transferencias de fondos públicos que habrían sido destinadas al San Luis Fútbol Club, una entidad creada en 2022 y presidida por la propia Ramírez.
Según la investigación, esos recursos habrían sido utilizados para cubrir distintos gastos del equipo, entre ellos transporte, alojamiento, indumentaria y equipamiento. En total, las transferencias habrían alcanzado los $166.612.164 entre 2022 y 2023.
El segundo hecho investigado es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 destinado al club. Para concretar esa adquisición, el Estado provincial otorgó un subsidio de $290 millones pocos días antes del cambio de gestión con el que se pagó a la empresa proveedora que, sin embargo, no se dedica a la venta de colectivos. Es decir no se trata de una concesionaria, sino una transportista del conurbano.
Un informe pericial incorporado al expediente determinó que el valor real del vehículo al momento de la compra era de poco más de $114 millones. La diferencia implicaría un sobreprecio cercano a los $175 millones. Bastaba que cualquier funcionario involucrado en la compra mirara en internet para advertir que se estaba pagando un sobreprecio.
Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la ex funcionaria utilizó su posición dentro de la Secretaría de Deportes y del Ente Deportes para favorecer a una institución que ella misma dirigía, configurando un presunto caso de uso indebido de recursos públicos.
La estrategia de la defensa
La defensa de Ramírez adelantó que intentará frenar el inicio del juicio con un planteo preliminar al comienzo de la audiencia. El abogado Marcos Juárez sostiene que aún se encuentra pendiente una resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre un recurso presentado por la defensa luego de que el Tribunal de Impugnaciones rechazara una apelación.
“El recurso de casación en San Luis no tiene efecto suspensivo, por lo que no frena el inicio del juicio. Pero sí puede plantearse al comienzo como una cuestión preliminar”, explicó en entrevistas que brindó días pasados a medios locales Según el defensor, la acusación formulada en la etapa de elevación a juicio difiere del hecho por el cual Ramírez fue indagada durante la investigación, lo que —según su argumento— vulneraría el derecho de defensa.
“Nunca en mi vida he visto que a una persona la indaguen por un hecho y, al momento de requerir la elevación a juicio, se la acuse por otro distinto”, afirmó. Juárez también sostuvo que no existió intención delictiva en las decisiones adoptadas por su clienta.
“Todos los delitos que se le atribuyen son dolosos, es decir que requieren la intención de cometerlos. No admiten imprudencia o negligencia. Nosotros estamos convencidos de que Cintia Ramírez actuó dentro de los límites de su función y dentro del marco de la ley”, señaló.
El abogado confirmó además que Rodríguez Saá fue propuesto como testigo por la defensa y que esperan que su declaración aporte elementos favorables para la ex funcionaria.
“Entendemos que es un testigo clave porque, dentro de sus facultades, fue quien dio la orden de la compra del colectivo”, sostuvo.
