La Justicia de San Luis imputó este martes al concejal de La Punta Martín Bastías en una causa por amenazas iniciada a partir de la denuncia de Juan Pablo Martínez, empleado del Concejo Deliberante.
La audiencia de formulación de cargos se realizó en el marco del artículo 110 del Código Procesal Penal. Tras la imputación, Bastías deberá presentarse a firmar el libro de procesados -para dejar constancia de su disposición ante la Justicia- durante 60 días.
El caso marca un hecho inédito en la vida institucional de La Punta: por primera vez, un concejal de la ciudad queda formalmente imputado en una causa penal.
Según explicó la parte querellante, tanto el Ministerio Público Fiscal como la representación del denunciante acompañaron pruebas y evidencias que se corresponden con los hechos relatados en la denuncia. A partir de esos elementos, se avanzó con la formulación de cargos por amenazas.
La investigación tendrá un plazo de cuatro meses. En ese período, la querella buscará avanzar también sobre una posible imputación por lesiones, al sostener que, además de las amenazas, habría existido una agresión física por parte de Bastías contra Martínez.
Entre las medidas previstas, deberán declarar nuevos testigos. La prueba incluye testimonios de concejales, periodistas y registros audiovisuales tomados dentro y fuera del recinto del Concejo Deliberante.
La causa se originó por una denuncia radicada el 5 de marzo de 2026. Martínez declaró que el episodio ocurrió después de una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Punta, cuando Bastías lo habría insultado y amenazado en el marco de una discusión política.
Según la presentación judicial, luego ambos se dirigieron a un espacio verde cercano, donde se habrían producido nuevas amenazas y una agresión física.
A partir de esa denuncia, la Unidad de Abordaje Fiscal solicitó medidas de protección y el 13 de marzo la Justicia dispuso una cautelar de “abstención y cese de hostigamiento” por 90 días contra Bastías. La resolución le ordenó abstenerse de realizar amenazas, agresiones o actos de hostigamiento por cualquier vía, incluidas redes sociales, mensajes o contactos indirectos.
Durante la audiencia, la defensa de Bastías, a cargo del exconcejal justicialista Alejandro Cordido, presentó el caso como una persecución política en su contra.
