El jefe de la Policía de la provincia de San Luis, Comisario General Juan Carlos Serrano, presentó una denuncia ante la Unidad de Abordaje Fiscal en relación a la aparición otra vez en la calle de un arma que, según los registros oficiales, debía estar bajo custodia judicial.
La presentación es para que la propia Justicia investigue cómo, un arma que estaba bajo su custodia, apareció en un allanamiento policial realizado días pasados.
La situación quedó expuesta a partir de dos documentos internos de la Policía de San Luis vinculados a una investigación por robo encabezada por el Departamento Investigaciones DG-13. Durante allanamientos realizados en la ciudad de Juana Koslay, efectivos secuestraron varias armas de fuego, entre ellas una pistola Jericho 9×19 serie N° 96314428.
El dato encendió una alarma dentro de la propia fuerza: tras consultar a la División Armamento y Equipos, la Dirección General de Logística y Suministros confirmó que esa arma pertenece a la institución policial.
Pero el informe agrega un elemento todavía más grave: de acuerdo con los registros oficiales, la pistola debía encontrarse depositada en la Cámara del Crimen N°1 porque había sido incorporada como evidencia en una causa identificada como “AV. Medero Jorge Antonio – homicidio en grado de tentativa y lesiones graves”.
El arma había sido entregada originalmente en 2006 al inspector Jorge Antonio Medero.
La propia Policía informó también que el 26 de septiembre de 2024 solicitó formalmente la restitución del arma “en caso de que no hubiera impedimento”, debido a que forma parte del patrimonio institucional. Según consta en la nota, la presentación fue recibida por la Cámara del Crimen N°1 el 27 de septiembre de 2024, pero “hasta el momento nunca recibimos una respuesta”.
Mientras tanto, el arma terminó apareciendo en un allanamiento por una causa completamente distinta.
El episodio abre interrogantes sobre el control y la custodia de elementos secuestrados en expedientes judiciales, especialmente tratándose de un arma reglamentaria policial que, oficialmente, debía permanecer resguardada en dependencias judiciales.
