A fines de 2015, cuando recibió el gobierno de manos del exgobernador Claudio Poggi, el mandatario entrante, Alberto Rodríguez Saá, se encontró con una situación financiera ideal, sin déficit fiscal, con reservas en las arcas del Estado y a punto de cobrar un juicio que la Provincia le había ganado a la Nación. «Esa es la 4×4 de una situación, casi te diría, perfecta», afirmó el contador y especialista en finanzas Daniel Rosales.
De esa forma, aludía a la metáfora a la que apeló Poggi, en la Asamblea Legislativa de este año, cuando dijo que en 2015 a su sucesor le dejó «una camioneta 4×4» -el estado de la administración pública- y ocho años después, cuando volvió a asumir la Gobernación, a él le entregaron «un Fiat 600 modelo 76, sin cubiertas, fundido, que le habían robado la rueda de auxilio, con la chapa oxidada y con mal olor».
«Lo que explicó claramente el Gobernador en la Asamblea es que en 2016 nos encontramos con una situación sin déficit fiscal. Eso es algo fundamental ¿Por qué? Porque te permite decir ‘mis gastos están siendo igualados a mis ingresos’, en primera instancia», afirmó Rosales, Máster en Finanzas, entrevistado en el canal San Luis +.
«Segundo, reservas -abundó-. No solo reservas para afrontar una situación en particular; además se sumaban en 2016 las posibilidades que en un corto plazo se pudiera cobrar un juicio, un juicio que después terminó siendo cobrado en el próximo periodo prácticamente, se cobró un juicio en bonos también».
El monto de ese juicio ¿Era equivalente a 10.000 viviendas?, le preguntaron. «El equivalente a 10.000 viviendas. En realidad fueron casi 20.000 millones de pesos en ese momento», respondió. «Si lo comparamos en dólares, la situación es que esos bonos fueron liquidados en un momento determinado donde el precio de los bonos no era el ideal también. No vamos a comparar el precio que tienen los bonos hoy con lo que tenían en ese momento que se liquidaron. Esa es la 4×4. Esa es la 4×4 de una situación casi te diría perfecta», afirmó el especialista.
El análisis del presupuesto y la evolución de las cuentas públicas de San Luis en los últimos años indica que la provincia pasó de ser un modelo de orden fiscal, en el período 2011-2015 -la primera gestión de Poggi- a enfrentar una crisis de financiamiento entre 2015 y 2023 -los dos mandatos consecutivos de Rodríguez Saá- que obligó a la administración actual a tomar medidas de austeridad.
En su discurso ante los legisladores, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador Poggi reiteró su criterio sobre que hay que tener “un sector público tan grande como sea necesario y un sector privado tan grande como sea posible”.
También explicitó su apuesta por un modelo productivo, que fomente la iniciativa privada, el emprendedurismo y la búsqueda de empleo genuino por parte de la clase trabajadora, en vez de esperar que toda búsqueda de soluciones quede en manos del Estado, el cual “va a subsidiar al empleo, no al desempleo”, dijo.
Ocho años de déficit, según la UBA
En su repaso del devenir de los últimos períodos de gestión en el gobierno provincial, el actual Gobernador recordó que cuando él dejó la administración pública, en diciembre de 2015, la provincia tenía pleno empleo y una de las tasas de pobreza más bajas del país; los salarios estatales representaban sólo un tercio del presupuesto; los planes sociales no superaban el 3% del gasto; más de la mitad del presupuesto se destinaba a obras públicas e inversión; y la coparticipación federal representaba el 70% de los ingresos. Pero los salarios estatales se pagaban con recursos propios, lo que dejaba margen para el desarrollo, resaltó Poggi.
Además, recordó que él dejó un importante excedente financiero gracias a un juicio ganado contra el Estado nacional, lo que incrementó la coparticipación en un 15% y aportó un extra equivalente a un tercio del presupuesto anual.
En las dos gestiones siguientes, todo cambió. El déficit fiscal creció año tras año, hasta alcanzar en 2023 la cifra récord de $93.000 millones, según una auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ratificada por la Legislatura provincial.
Los principales factores de este deterioro fueron la expansión de la planta estatal y los planes sociales, lo que incrementó los gastos corrientes; la caída del sector privado, que redujo los ingresos tributarios propios de la provincia; la dependencia total de la coparticipación, que pasó del 70% al 76% del total de recursos disponibles. En contraste con 2015, cuando la Provincia podía financiar obras con recursos de coparticipación, hoy toda la coparticipación se destina a gastos corrientes y aún así resulta insuficiente.
La actual gestión implementó en 2024 un programa de ajuste para equilibrar las cuentas y reorientar el gasto, reducirlo si es improductivo y volver a generar capacidad de inversión. El presupuesto 2025 prevé destinar un 65% del gasto a salarios estatales y un 19% para inversión pública, cuando en 2015 superaba el 50%.
Poggi afirma que el ajuste ya está hecho, pero advierte que aún queda mucho por hacer para recuperar la estabilidad financiera de San Luis. Y que el desafío es mantener el rumbo para asegurar el desarrollo de la provincia.
