La Cámara Federal se pronunció a favor de la medida del juez Sebastián Norberto Casanello.
La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos.
El tribunal de alzada avalo la decisión de Casanello de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, que el gobierno nunca cumplió.
El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.
“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
El Gobierno había apelado por considerar que el fallo, además de “arbitrario y contradictorio”, implicaba “una intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional” y que estas acciones eran competencia del foro contencioso administrativo. También resolvieron enviar los testimonios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Ministerio de Capital Humano “a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas de Juan Grabois y Leila Gianni”.
