Cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esa pena pidió un fiscal para Cintia Ramírez, al requerir que envíen a juicio oral la causa contra la secretaria de Deportes del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, a la que acusa por cuatro delitos en perjuicio de la administración pública.
Horas atrás se conoció la acusación del fiscal de instrucción N° 1 de San Luis, Francisco Assat Ali, quien llevó adelante la investigación por el desmanejo escandaloso que la exfuncionaria albertista hizo en la Secretaría de Deportes provincial en la anterior gestión (2019-2023). El fiscal hizo su pronunciamiento en la requisitoria de elevación de la causa a juicio.
Para el investigador judicial, Cintia Ramírez incurrió en cuatro delitos: malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su acusación formal, Assat Ali sostiene que «la evidencia colectada ha permitido avanzar hasta este estadio procesal» -la preparación para el juicio oral- por considerar acreditada la existencia de los hechos delictivos y la participación de Ramírez en los mismos.
El fiscal repasó que el 16 de marzo de 2022 Rodríguez Saá, mediante el decreto 1307/22, nombró a Cintia Ramírez como secretaria de Deportes, «cargo de funcionaria pública que le permitía disponer fondos públicos con el fin de fomentar el deporte, mediante el mantenimiento de predios públicos deportivos y/o brindando ayuda a clubes de la provincia de forma equitativa».
«Ahora bien, a tan solo un mes de ser designada propuso la creación de un ente especializado, ‘el Ente Deporte San Luis’, en cuya nota de solicitud cursada al entonces gobernador de la provincia, Dr. Alberto Rodríguez Saá, manifestó textualmente: ‘Un ente al que se le asigne el carácter desconcentrado para apoyar y acompañar el desarrollo de la actividad deportiva de TODA la provincia’. Dicho ente fue creado mediante decreto N° 2791-SGG-SD-2022 el 21 de abril del año 2022, otorgándosele un aporte no reintegrable por la suma de doscientos ochenta millones de pesos, según el artículo 5 del decreto», reseñó Assat Ali.
Y sigue. «Ahora bien, el 6 de octubre de 2022 (a seis meses de su nombramiento) la imputada, por acta notarial N° 99, crea la ‘asociación civil San Luis Futbol Club’, siendo naturalmente la presidencia ejercida por ella y siendo vicepresidente su pareja, Alessio Juan Agustín, teniendo asímismo como socio fundador a Javier Santágata, (director del Ente). Y es desde este momento que comenzaron a darse acciones que entendemos constituyen delitos».
«En el periodo comprendido entre los años 2022 y 2023 se materializaron 188 transferencias/pagos por la suma de 166.612.164 de pesos destinadas a su propio club San Luis FC. Estas transferencias se ejecutaban desde el Ente San Luis deportes hacia su propio club, y tenían como fin cubrir una amplia gama de gastos del recientemente creado club, como ser: transporte, viandas, vestimenta, seguro, termotanques lavarropas, heladeras, televisores, regalos empresariales, salarios etc.», expone el fiscal de instrucción N° 1.
«En definitiva, cualquier gasto que tuviese el club San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaria de deportes Dirigida por Ramírez y canalizado por el Ente Deporte San Luis presidido también por Ramírez».
«Estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo una ardid destinado a privilegiar intereses particulares, por sobre los fines públicos del Ente. Es decir que la imputada, siendo la titular de la Secretaría de Deportes de la provincia y presidente del Ente deporte San Luis, creado a pedido de ella, autorizó pagos a su recientemente creado club», resumió Assat Ali. Lo que en lenguaje popular se conoce como «atender de ambos lados del mostrador».
Comprar un colectivo con sobreprecio, un trámite hecho en un solo día
En la acusación -a la que acompañó con toda la prueba reunida en más de un año de investigación-, el fiscal aborda una de las últimas maniobras de Ramírez al frente de los organismos estatales de Deportes: la compra con sobreprecio, a velocidad meteórica, de un colectivo para transportar a las jugadoras del club, a una empresa que ni siquiera es fabricante de esos vehículos, sino que es un agencia de turismo.
La cuantiosa erogación de 290 millones de pesos para pagar el rodado se materializó en el expediente administrativo EXD 12010986/23, iniciado el 1° de diciembre de 2023, nueve días antes de que la funcionaria pública dejara el cargo.
Una martillera pública tasó el colectivo en menos de 115 millones -114.783.500-, lo que da que el Gobierno de Rodríguez Saá pagó -con fondos públicos- un sobreprecio de más de 175 millones de pesos, indicó el fiscal en la parte final de la enumeración de las pruebas por las que acusa a Cintia Ramírez.
«Quiero resaltar lo indicado por otros tribunales con relación a conductas similares en cuanto coincido plenamente con lo expuesto. Así, se ha dicho que ‘esta clase de delitos socavan los cimientos mismos del Estado de Derecho, y consecuentemente, la confianza de la comunidad toda'», sostuvo Assat Ali.
