Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone denunciaron la existencia de una presunta asociación ilícita que involucra a funcionarios del Poder Judicial, abogados y civiles, que se dedica a la apropiación de bienes inmuebles.
La envergadura de la denuncia presupone la mayor estafa en la historia judicial de la provincia de San Luis, con la intervención de unas 12 personas que, según el registro judicial citado por estos abogados, intercambian roles en entre 900 y mil expedientes judiciales.
¿Quiénes resultan damnificados?: “Los particulares que pierden sus propiedades, pero también instituciones públicas como el colegio de Escribanos, la Policía, Rentas, el Banco Supervielle, el Estado Provincial, y la propia Justicia dado que se falsifican documentos públicos en su nombre”.
“El sistema judicial se fue preparando a lo largo de los años para permitir este tipo de estafas” dicen los abogados, que detectaron el cúmulo de casos y la repitencia de maniobras irregulares, a partir de que su propia familia fue víctima de una usurpación.
El caso fue una revelación periodística de La Gaceta Digital, y ha puesto a los abogados denunciantes en el centro de interés periodístico.
Todo Un País los entrevistó para conocer los detalles de esa denuncia efectuada en Fiscalía N°1, que dirige Francisco Assat.
– Se hizo pública una denuncia que ustedes efectuaron sobre una presunta asociación ilícita que involucra a actores del Poder Judicial de la provincia de San Luis y del foro de abogados, entre otros. ¿De qué se trata de denuncia?
La denuncia que hemos realizado es porque nos tocó vivir en carne propia con la usurpación de un inmueble que tenemos, un inmueble familiar que nos pertenece desde hace muchos años. Y viendo que se habían presentado testigos como que aparentaban una posesión, con documentación falsa, entre ellos denuncias policiales, posesión policial, recibos de corte de pasto y eso es algo que nunca jamás sucedió y nos consta porque al inmueble lo teníamos nosotros, nos llamó la atención y empezamos a ver quién eran esas personas. Entonces, ahí lo que hicimos es buscar en el sistema de gestión informática, al que tenemos acceso porque somos abogados, y podemos ver qué causas tiene una persona, por lo menos las que son públicas. Fue así que empezamos a ver un sinfín de causas de estas personas, tanto en sede civil, buscando escrituración o posesiones, como en sede penal, denunciados por usurpaciones.
Y empecé a asociarlos, actuar de manera conjunta a un grupito de al menos 12 personas que siempre prestaban roles, digamos en su expediente, donde hoy le tocaba ser testigo a uno, otro día le tocaba ser demandante, otro día le tocaba ser, no sé, el que entregaba recibos, el que fue a documentar, pero siempre lo que tendían, lo que los unía era la apariencia de una posesión o de documentación para pedirle luego a la Justicia que se le dé una sentencia de posesión o de escrituración sobre un inmueble determinado.
En esta investigación lo que vimos es que actuaron en muchas de las causas, y que muchos de los inicios de estas estafas provenían de una inmobiliaria que montaron, que le llaman Santa Clara, personas que no son martilleros, pero de ahí lo que hacían eran justamente, ofrecían los servicios de inmobiliario, caía gente desprevenida, le dejaban documentación y esto después, aprovechándose de la situación, terminaban apropiándose del inmueble.
Esto ameritó que nosotros pidamos un informe a la Secretaría Informática porque habíamos observado que estas 12 personas actúan en un sinfín de causas. Pedimos que nos dijeran en qué otras causas han participado según los registros que tienen el Poder Judicial. Entonces el Superior Tribunal de Justicia, en la persona del Presidente –entonces era Jorge Levingston-, instruyó al Procurador General –Luis Martínez- sobre el pedido que nosotros hacíamos de información pública. Terminan diciendo que sí, que era posible darnos un listado, donde nos daban los números de expediente, las carátulas y el rol en que participaba cada uno.
¿Esto fue en el año 2023?
Sí, 23. Bueno… nos dan un informe donde nos asombramos, porque en el informe de tan solo 12 personas había 1.000 procesos. Dimensioná lo que estoy diciendo. Mil procesos donde intervenían estas 12 personas y todos tenían que ver en todo el informe.
¿Esa cifra es literal?
Sí, bueno, si no es mil, son 950. Es un número cercano a mil.
Hay entre 900 y 1.000 causas donde participan estas personas.
¿Estas 12 personas se repiten en distintos roles?.
Sí, de hecho hay más personas que serían parte de esta asociación que se está investigando, pero bueno, hay un núcleo fijo, digamos, donde la rotación es más frecuente y serían más o menos en esa cantidad.
¿Qué roles intercambiaban estas personas?
Intercambiaban. Siempre simulaban boletos de compra-venta, porque en la mayoría de los juicios vos tenés dos posibilidades para adquirir un inmueble no es tuyo, digamos, que alguna vez fue ajeno. A través de la usucapión, que es un proceso de posesión 20 años, o a través de escrituración, es decir algo que vos lo adquiriste, lo compraste y no tenías tus papeles.
Bueno, como se sabía de antemano, esta gente sabía de antemano que del otro lado no iban a contestar demanda porque iban a poner un domicilio el cual les pertenecía, o era de su entorno más íntimo, se aseguraban que no contestaban demanda y entonces decían para qué vamos a hacer posesión si hacemos escrituración con documentación falsa en este domicilio seguro y sale con fritas, porque en todos los otros procesos hay que publicar edicto, tenés que demandar, y en este no.
Entonces hay que decir que se ha llevado un proceso de perfeccionamiento de la maniobra. En uno de los contratos es tan notoria la falsedad que existe, que en una causa de sucesión abierta de una persona que falleció en el año 2007 y que resulta firmó un contrato tres años después, es decir, en 2010 ante escribano.
Documentación como esta hay un montón. Esta documentación, este contrato de compra-venta, consigna por supuesto, domicilio de las partes. El vendedor se le consigna un domicilio y después el comprador que quiere escriturar cuando… porque no te lo quiere escriturar el vendedor o porque falleció, la causa que fuere, se inicia un proceso de escrituración. Entonces, en el proceso de escrituración con este compra-venta falso, en donde ellos le consignaron ya un domicilio que no existe o que es de su esfera, inician ese proceso, notifican demanda a ese domicilio, obviamente que no contesta nadie, es decir, ellos mismos reciben esa demanda, quedan en rebeldía, quedan reconocidos los documentos, se dicta posteriormente la sentencia.
¿Cuándo esas familias víctimas de una maniobra de estafa de esta característica se notificaban de que habían sido estafados?
Nunca, nunca. Mirá, hay un caso de una señora que nos ha conmovido a nosotros porque es muy sentimental, más que jurídico.
Se trata de una persona que había confiado a esta inmobiliaria, esta falsa inmobiliaria, la administración de tres cabañas que poseen en Potrero de los Funes. La familia es de Buenos Aires. Al fallecer esa persona quedan las dos herederas, que son dos hijas. Y esto es lo que hicieron, falsificaron un boleto de compra-venta, se apropian, por lo menos, de la conducción del boleto de compra-venta y entre estas hermanas se pelean porque cree una que la otra vendió a su espalda toda la herencia familiar. De estas dos hermanas, una de ellas muere enferma de cáncer, y muere enemistada creyendo que su hermana había vendido. Y el relato que nos hace a nosotros la señora es que no, que ella jamás vendió.
Lo que hizo es confió en esta persona, le habría entregado documentos firmados en blanco ante su requerimiento porque te digo que ellos son personas avezadas, digamos, en la inteligencia en la maniobra pergeñada y esta otra persona puede ser una persona muy desprevenida, que no vive en San Luis y bueno, y se enteró de todo esto a causa del juicio.
¿Quiénes son estas dos personas?, ¿Se puede conocer sus nombres?
Lo que pasa, yo te voy a decir lo que podamos decir, porque tenemos el proceso actualmente bajo el estado de reserva.
¿La reserva alcanza exclusivamente al caso particular de ustedes o por el paquete de denuncias?
No entendemos porqué está reservado. Uno de los denunciados es el doctor Juan Cruz Domínguez. Se ordenó y se dispuso el allanamiento de su estudio jurídico, pero dado que él está agregado al expediente al punto tal, tiene conocimiento de la situación del expediente. que él apeló el allanamiento, y entonces lo dilató. No sé si me explico, entonces no tiene razón de ser que esté reservado. Yo creo que está reservado por la gravedad institucional que tienen un montón de acusaciones dentro del expediente.
¿Por qué?
Porque se quiere esconder digamos el polvo bajo la alfombra.
Hay una maniobra judicial para la que se utiliza desde un resorte que es el notificador, que encuentra un domicilio que no existe; si yo te pongo un domicilio que no existe, no lo vas a encontrar porque no existe, pero el oficial notificador, que son los ojos del Juez, dice que existe y dice que le entregó la cédula a tal persona. Así arrancan los efectos jurídicos de ese proceso y las consecuencias que después van a tener en la sentencia.
Entonces tenemos que observar la actuación del Poder Judicial desde el inicio de la presentación de la demanda, y más, previo a eso, se presenta una demanda, se acompaña de pruebas falsas, visiblemente falsas… había un contrato de compraventa que databa del año 89 y que el objeto del contrato decía que el departamento era el departamento Juan Martín de Pueyrredón, lo cual es una falsedad absurda porque no se puede saber en el 89 que se iba a llamar de esa manera en la actualidad…
En ese entonces todavía era el departamento La Capital.
Todavía era La Capital hasta el año 2010, y ese contrato de compraventa presentado no lo observa el Poder Judicial, no lo observa la Secretaría, no lo observa el Juez, y esto pasa siempre, en los procesos que tienen que ver con estas personas, y te digo más, estas personas han sido denunciadas un montón de veces y bajo los mismos delitos, usurpación, falsificación de documentos y asociación ilícita, pero han sido denunciadas por particulares que van a la Fiscalía, denuncian, y ¿sabés qué pasa con las causas de los particulares? Se prescriben, porque no hay interés en investigar. ¿Sabés por qué esta avanza un poquitito más? Porque hay abogados denunciantes. Esa es la diferencia.
La clave es que ustedes conocen el oficio.
No somos del paño de la parte Penal, pero tuvimos que hacer, por el estado de necesidad, tuvimos que involucrarnos de esta manera. Pero yo te puedo asegurar que estas personas han sido denunciadas un montón de veces, bajo las mismas maniobras que nosotros estamos describiendo en este momento, y jamás se las investigó.
Hay muchas personas que han transitado el proceso civil, algunas han recuperado su inmueble, otras no, pero sin embargo en la parte Penal siempre está trunca en la investigación, y bueno, se termina prescribiendo los delitos. De hecho, en esta investigación de algunas de estas personas, que se ha frustrado o que ha terminado suspendida la ejecución de la pena, el cumplimiento de una condena efectiva porque se le asignan tareas comunitarias, justamente se encomiendan o se mandan a hacer en una fundación que tiene relación con ellos. Es decir, a vos te ponen como pena, como condena, cumplir con tareas comunitarias en alguna asociación, y ellos piden que esas tareas comunitarias las hagan en una fundación determinada, y esta fundación está relacionada con ellos.
¿Cuál es la cadena operativa necesaria para que funcione este proceso de estafa?
Para empezar un Notificador. A nosotros nos gustaría que se lo llame, que se investigue, y si ha sido un error de notificador, que se aclare que ha sido un error, no lo hace culpable de antemano, no lo podemos juzgar antes de que se investigue, pero no se lo quiere investigar. Todo lo que tenga que ver con el mostrador para el otro lado del Poder Judicial, que tiene mucha implicancia, y lo hemos dicho un montón de veces, no se quiere investigar. ¿Por qué tiene que investigar? Porque no se avanza hacia ese lado, se va hacia el otro.
¿Quiénes deben estar involucrados para que una maniobra así termine siendo una estafa consumada? ¿Un notificador, un fiscal, un juez?
Y desde el Secretario al Juez que no examina las pruebas. Cuando tenés que dictar sentencia tenés que ver la documentación presentada, aunque no haya otra parte, porque en definitiva la sentencia se va a dictar en base a los documentos y las pruebas aportadas. Entonces, ha habido una inobservancia gravísima de estos documentos, porque si no observás un documento o un contrato que dice hoy Pueyrredón, y que es del año 89, no lo leíste. Si no observás documentación que tiene un auto-interlocutorio, que se dictó con mucha posterioridad a la celebración de ese contrato de compraventa, y así te puedo nombrar un montón de documentación que claramente es apócrifa, es falsa…
Hay denuncias policiales que se han presentado en distintos expedientes, es decir, la misma persona compareció el mismo día, a la misma hora, en dos comisarías distintas, en los mismos minutos, y denunció dos hechos distintos, y puso dos domicilios distintos, o sea, denunció dos domicilios distintos, pero los vecinos serían la misma persona…
¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo esto?
Veamos más. Vos me preguntabas qué es lo que creemos nosotros. Mira, surge de la investigación que están actuando personas que son abogados, que tienen parientes muy cercanos, que son jueces y que son miembros del Superior Tribunal, en el caso concreto también de la camarista Nazarena Chada, de la Cámara Civil de Mercedes, es la pareja de Juan Cruz Domínguez, y la doctora Cecilia Chada, que es miembro del Superior Tribunal, es la cuñada del doctor Juan Cruz Domínguez. E incluso se ha utilizado parte de un inmueble que es de propiedad de la doctora Chada, miembro del Superior Tribunal, en estas maniobras de notificar domicilios inexistentes.
Yo te pregunto, es impropio que yo te haga una entrevista vos, pero te digo, ¿no te parece raro que se amerite una investigación? ¿Tenemos que esconder todo el polvo? ¿Tenemos que hacer que el expediente esté reservado para que no se conozca esto? Estas personas han sido denunciadas en un sinfín de oportunidades. Nunca pasa nada. Todas las denuncias penales prescriben, porque no se los percibió. Todos los juicios civiles los ganan. Siempre están en rebeldía las otras partes. Nosotros también ejercemos el derecho. Es excepcional que en rebeldía alguien a quien vos está demandando, porque por lo general se defiende. Porque si no se va a defender, no hace falta demandar, va a cumplir. La regla general es que se defienda. Bueno, no, esto siempre funciona así.
Hay todo un sistema que se ha ido preparando también para facilitar esto. Antes la documentación original en papel se presentaba en el juzgado. Luego eso se modificó por acordada y la documentación original se presentaba en el juzgado. Era certificado que coincidía con la documentación escaneada, con el sistema este de digitalización. Y una vez corroborado por el secretario, digamos, o del Mesa General en su momento, era devuelto a la parte. Si era necesario se intimaba para presentarla y chequearla o peritarla. Actualmente la documentación se presenta escaneada y no lo lleva al juzgado. Es decir, no se controla por parte del juzgado si la documentación es original o no original.
El tema es también que a veces la documental se intima, como ha sucedido, no se presenta o, te digo más incluso. Hay un caso concreto en el que se ha sumado ahora a la denuncia un arquitecto que también fue perjudicado por este mismo grupo de personas. Esta persona compró un terreno. El vendedor le manifestó que estaba todo en orden, compareció en el estudio del doctor Juan Cruz Domínguez, fue asesorado sobre el estado del inmueble, lo compra y se entera que posteriormente había otro propietario que le estaba haciendo, digamos, reclamo judicial por ese mismo terreno. Resulta que esta persona, este arquitecto que compró, concurre al estudio del doctor Domínguez para ponerle conocimiento de lo que le había sucedido y el doctor Domínguez, quien asesoraba al vendedor, es decir, quien le explicó sobre el estado del terreno, le recibió ahora al comprador el reclamo judicial, y le retuvo los documentos originales que eran los únicos que tenía este arquitecto para poder reclamar después, posteriormente. Cuando nos expone la situación, nosotros defendiendo a este arquitecto, nos presentamos como abogados y le requerimos al doctor Juan Cruz Domínguez que acompañe los documentos que le pertenecían al arquitecto, al comprador, y manifiesta en el expediente que esos documentos se los había entregado a la otra persona, al vendedor. Es decir, en la maniobra, digamos, se desapoderó al estafado del documento.
A partir de que ha tomado conocimiento público esta denuncia ¿han recibido comentarios, mensajes de colegas suyos, de otros abogados?, ¿qué les dicen?
Mira, para hacerte franco, previo en el trabajo de la investigación hemos hablado y conversado con muchos abogados. Muchos saben de esta maniobra, porque no es un secreto, digamos, es algo público, o es algo conocido, pero por distintas razones no han sido denunciantes, no han tenido ocasión, o han dicho que no valió la pena, no sé cuál ha sido la decisión. En este contexto, luego de que se hace pública la denuncia, porque ayer un medio nos hizo una entrevista, muchísimos nos han escrito diciendo que sí, que siempre les ha pasado lo mismo. Digamos, esto, si vos pusieras en San Luis, pusieras una nota ofreciendo servicios profesionales por casos de usurpación tendrías que ponerle un montón de memoria al teléfono, porque se te va a llenar. Es una práctica habitual en la provincia.
Y eso lo saben todos. Eso lo saben todos. Lo saben de un abogado, de un juez, de un secretario. Esto se conoce. Que no haya denuncia formal, bueno, es otro tema. Ahora la hay.
¿Creen ustedes que estamos en presencia de la mayor estafa judicial en la historia de la provincia de San Luis?.
Lo dijiste perfecto, porque vos sabés quién es el sujeto pasivo. Vos en un delito tenés sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que va a hacer el ilícito, que comete la acción, y sujeto pasivo es quien la recibe. ¿Sabés quién ha sido estafado? La Justicia. Porque le presentan documentación falsa y la Justicia cae en la trampa, “cae en la trampa”, queremos creer que cae en la trampa, y dicta una sentencia empujada a equivocarse. Entonces debería agraviarse de lo que está pasando y debería actuar con muchísimo más rigor. El primer estafado es el Poder Judicial. Y si no es estafado, es otra cosa.
¿Quién es por la naturaleza el primero que debiera intervenir ante una denuncia de esta envergadura?
De este calibre debería estar y de hecho está en Fiscalía, está correcto, pero yo entiendo que tiene que venir el Procurador General en persona, o la persona que hoy sea el Procurador General, porque si te estamos diciendo, mirá la magnitud, el expediente tiene más de 1500 hojas, más toda la documental, mirá la magnitud y mirá qué se dice dentro de los expedientes y dentro de la denuncia hecha a estas personas, se dicen que hay más empleados judiciales involucrados. No te digo más, porque hay partes que no estoy habilitado para hablar, pero te digo, ante esa sospecha de un Poder Judicial que está dinamitado por la desconfianza del ciudadano, bueno, a ver si nos ponemos las pilas y ponemos una investigación, y al menos si no hay delito, comunicamos que no hay delito. Y si hay delito, bueno, lo mismo que el resto de las personas, que tengan las consecuencias.
Tenemos instituciones públicas que también se ven afectadas por estas maniobras porque están falsificando. Escribanos, la fe pública, sí. Escribanos, la Policía de la provincia, Rentas, sellados del Banco Supervielle, porque el Banco Supervielle es el que habría recaudado, es falso, le usaron el nombre, pero a la Provincia no entró el dinero porque se evadió ese tributo, ese impuesto. Se ha falsificado un decreto, un decreto del Ejecutivo. Se ha falsificado la firma de una secretaria de Vivienda de ese entonces. Se ha falsificado escrituras públicas, Y se obra y se actúa sobre sucesiones que posiblemente sean vacantes.
Ya tiene que estar participando alguien desde el Ejecutivo y alguien desde el Poder Judicial y del ministerio Público defendiendo los intereses de la provincia. Porque los libros de los escribanos son patrimonio de la provincia.
Yo creo que institucionalmente es gravísimo porque trasciende todo. Decreto falso, escritura falsa, firma de escribano falso, protocolo falso, notificador falso, policía falsa. Hay denuncias policiales que nosotros, investigando, nos dimos cuenta que no coinciden. Arriba dice policía Cuarta, seccional Cuarta, abajo dice Primero Potrero. No coincide. Y firma un subcomisario que en el momento en el que dice la fecha de la denuncia ni siquiera había entrado al Instituto de Formación de Policía, digamos, estaba en la secundaria. Después se peritó y se comprobó que era falso. Pero la Justicia, hasta que uno le hace una pericia, hasta que uno le dice, mirá, no ve.
Yo creo que la crisis institucional tiene que cambiar el Poder Judicial, tiene que cambiar, pero rotundamente. Hoy con Inteligencia Artificial te hacen un documento apócrifo digital y estos –por los jueces- lo compran. Y vos decís, que traigan el original. No lo traen. Y después se dictan sentencias sobre la nube. La seguridad jurídica no existe. Y el sistema de gestión que certifica las normas ISO 9001, no sé qué certifica, porque la mora judicial es apabullante.
Si nos está escuchando el señor Gobernador, que instruya al fiscal de Estado para que tome participación en la causa que ya le hemos pedido en el expediente y hasta el día de hoy no se lo ha convocado. Que se instruya, al que tenga que instruir, para que se revise la gravedad de las acusaciones. Esto es la punta de un ovillo. Si vos me preguntás, yo rápidamente te puedo decir, que si esta investigación deriva en todo lo que pensamos y que todavía no hemos probado, no sé si no merece una intervención del Poder Judicial.
¿Cuál cree que será el destino de esta denuncia?
Este proceso, que es de un volumen y de una magnitud del que yo te estoy dando puntas, digamos de un volumen, de una magnitud y de una gravedad institucional de todo lo que ha pasado y se ha documentado que así sucedió, no es que estamos hablando de boca de jarro. Lo van a intentar voltear por un formalismo, van a intentar decir, no, se adquirió mal la prueba, va a llegar al Superior Tribunal y en el Superior Tribunal, donde puede haber algún lazo, quizás digan, sí, anulemos esta prueba, entonces no se van a juzgar.
Nosotros hicimos la denuncia hace dos años. Enunciamos más de 50 o 60 expedientes donde vimos documentación falsa donde se estaba obteniendo sentencia. ¿Sabes la justicia cuántos expedientes le dijo? Observen porque acá hay una acusación y acá hay una falsedad, por favor, fíjense en dictar sentencias. ¿Sabes cuántos juicios paralizaron? Ninguno. Todos siguen su trámite. Es más, pareciera que van más rápido para lograrlo antes de que se investigue. Se siguen dictando sentencias, se siguen notificando los domicilios que no son existentes, que no existen.
