Verónica Alejandra Acosta, la mujer a la que el Gobierno le transfirió por error más de 500 millones de pesos por el pago de una cuota alimentaria y que ella se negó a devolver, ya está detenida. No es la única, con ella arrestaron a otras cinco personas, sospechadas de haberla ayudado a vaciar la cuenta apenas notó la millonaria suma que le habían girado.
Las seis ya fueron llevadas a los tribunales de Villa Mercedes, donde las imputaron y les informaron que hasta el viernes próximo estarán tras las rejas, a excepción de dos de ellas, quienes fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria porque la jueza a cargo entendió que están en “período de lactancia”.
Verónica Acosta, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil, Milagros Gil y Nicolás Gil están imputados por “Defraudación mediante el uso indebido de tarjeta de compra, crédito o débito”, “Fraude en perjuicio de la administración pública” y por “Retención indebida”.
La fiscal instructora Daniela Torres ya anticipó que llegado el momento, la semana que viene, solicitará para todos la medida más severa que el Código Penal tiene previsto para quienes cometen esos delitos. Torres repasó que la transferencia fue hecha el martes 6, por un monto de 510.236.811,78 de pesos.
El error fue detectado al día siguiente por el Tesorero General de la Provincia, Walter Valenzuela. Al instante se comunicó con el Banco Nación y requirió el bloqueo de la cuenta bancaria de la beneficiaria. “Se realizó un reverso por 465.690.542 de pesos, quedando como liquidez o remanente la suma de 44.546.269 de pesos, de la que habría dispuesto la titular de la cuenta”, explicó Torres.
De las averiguaciones hechas durante la semana, surgió que Acosta realizó transferencias a otras cuentas propias, que creó exclusivamente para ello, a los otros imputados y hasta personas de otras provincias, además de haber efectuado compras, pagos de impuestos, entre otros movimientos. Así, en tan solo diez minutos, hizo 12 giros de dinero y en 24 horas más de 60 operaciones. Todas esas transacciones fueron hechas a través de dispositivos electrónicos y billeteras virtuales. La fiscal recordó, por otro lado, que los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar la suma de medio millón de pesos.
Torres le dejó en claro a la jueza subrogante del Juzgado de Garantía 3, Antonela Panero, que se trató de una “maniobra delictual con un plan previo de vaciar la cuenta para beneficiarse”. Eso quedó en evidencia porque los movimientos fueron reiterados y con un accionar ilegítimo perjudicando a la comunidad y el flujo bancario. “Este dinero es parte de la sociedad sanluiseña”, subrayó, porque todo perjudicó el patrimonio de la sociedad de la provincia.
Contó que la Policía hizo allanamientos en los que secuestró distintos elementos que podrían estar vinculados a la estafa, como un auto, una moto, electrodomésticos, materiales para la construcción (cerámicos, pegamentos, entre otros), accesorios de baño, un colchón, etcétera. Las defensoras oficiales Silvia Moran y Ximena Bertoli pidieron una prórroga de detención de siete días para los seis imputados e hicieron una petición en particular para dos de las mujeres acusadas. Solicitaron para ellas la prisión domiciliaria.
La jueza le otorgó dicho beneficio. Por otro lado, autorizó el peritaje de los teléfonos de los investigados para verificar los movimientos hechos desde el 6 al 8 de mayo respecto a transferencias y todo tipo de transacción, como así también las comunicaciones. Por último, autorizó la apertura de una cuenta judicial donde irá el dinero recuperado, para que esté a salvo.
