El equipo del Ministerio de Educación ha tenido jornadas agitadas estos días y debió dar intervención a los Ministerios de Seguridad, de Salud y de Desarrollo Social, por distintas situaciones ocurridas en escuelas de la capital, Villa Mercedes y otras poblaciones, que reflejan una violencia latente entre algunos jóvenes y la consecuente necesidad de intervenir para reparar y prevenir males mayores.
“Nos han informado algunas situaciones relacionadas con amenazas dentro de algunos establecimientos educativos, otras relacionadas con armas —armas blancas o algún proyectil que se hubiera encontrado sin que haya habido amenazas— y se han activado los mecanismos de actuación”, señaló a Todo Un País la directora del área de Comunidad Educativa del Ministerio de Educación, Celeste Aparicio.
Aunque la funcionaria consideró prudente no brindar detalles acerca de los casos, otras fuentes han dejado trascender algunas referencias sobre algunos de ellos, al menos los más notorios.
Uno es el de una estudiante del Colegio ‘Nacional’ “Juan Crisóstomo Lafinur, de la ciudad de San Luis, que le “prometió” a otra que a la salida la iba a atacar con un cuchillo; otro ocurrió en el colegio católico “Santa María”, también de la capital: una alumna amenazó de muerte a unas compañeras e incluso sostuvo la amenaza cuando habló con la psicóloga de la institución; en Villa Mercedes, en la escuela Experimental N° 6, apareció, en la pared de un baño, una leyenda anunciando un tiroteo; en la escuela secundaria de Río Grande, cerca de El Trapiche, una estudiante y una familiar mantienen desde hace más de un año un conflicto con otras alumnas, que incluye agresiones físicas, con arma blanca, y amenazas en redes sociales.
En el primer caso de la capital, la estudiante amenazada avisó a los directivos de la institución, ellos llamaron a la policía, intervino la Comisaría de Atención a la Niñez Adolescencia y Familia (CANAF), que revisó las mochilas de los chicos, una por una, y no halló armas.
En el caso del colegio privado, también de la capital, un tutor llamó al teléfono de emergencias 102 para avisar de las amenazas proferidas por una alumna, que probablemente haya sido víctima de bullying o al menos mantenía algún conflicto con las otras. El caso fue judicializado y los padres de las estudiantes amenazadas solicitaron una restricción, por lo que la autora de la intimidación ahora cumple con clases virtuales desde su domicilio.
“Se activan todos los protocolos”
“Hemos tenido distintas situaciones en escuelas, respecto a la activación de protocolos por conflictos a nivel educativo. Recordemos que todo lo que es conflictos en el ámbito educativo está normado por GUIARSE, la Guía Única de Abordaje Integral para la Salud Escolar, un decreto que tiene fuerza de ley, que es de cumplimiento obligatorio por los establecimientos educativos”, afirmó Aparicio.
“Estos mecanismos de actuación determinan los pasos a llevar adelante. En primer lugar, labrar las actas, proteger la seguridad del menor, o de los menores, según las situaciones que se den, convocar a sus tutores e informar de la situación. Luego, según la evaluación que realiza el directivo, avisan a la Justicia a través del procedimiento de ‘Comunica situación’, o en otros casos también pueden pedir alguna intervención específica a algún ministerio”, abundó.
“Nos avisan –agregó la responsable de Comunidad Educativa– y desde aquí damos intervención. En el caso de que sea policial, hemos tenido que realizar algunas exposiciones o ‘Comunica situación’ a la Justicia desde aquí. En otros, también intervenimos a través del Ministerio de Salud, solicitamos su colaboración si fuera necesaria la contención psicológica o de salud mental; y en algunos casos, según su índole, el Ministerio de Desarrollo Social si hubiera alguna cuestión de vulnerabilidad económica o social que hubiera que atender”.
“En realidad –indicó Aparicio– tenemos casos quizás a diario, cada uno tiene una intervención específica. En la mayoría, cuando se producen estas situaciones, los alumnos pasan a una modalidad de clases virtuales hasta que tienen un alta psicológica o médica donde se dice que pueden retornar a la presencialidad con sus compañeros”.
“Durante muchos años estas cuestiones no se decían, no se comunicaban, no había protocolos de actuación. Ahora sí los hay, sí se informan, sí se realizan los protocolos; nos estamos ocupando del tema. Por supuesto que hay un aumento de casos también por el aumento del uso de redes sociales. Por eso, también necesitamos un gran compromiso de los papás”, dijo.
Piden que los tutores se involucren más
El rol de los tutores en la prevención de la violencia escolar es fundamental. “En este tiempo cuando, como explicaba días atrás la ministra de Seguridad (Nancy Sosa), hay esta fascinación o idolatría por los actos de violencia o por algunas agrupaciones terroristas, que buscan estos perfiles en alumnos para generar situaciones de violencia en espacios públicos, es fundamental que los padres se involucren”, señala la directora de Comunidad Educativa.
“Necesitamos que los padres que deciden darle un teléfono a su hijo midan las consecuencias de con quién va a estar chateando, o interactuando en redes sociales. Lo que solicitamos es reforzar el vínculo con los hijos; en los casos que sientan alguna situación de acoso, bullying o violencia en el establecimiento educativo, pueden comunicarse con los directivos, quienes activan el protocolo. Si no, pueden comunicarse con nosotros al Ministerio de Educación, a través del 4452000, interno 3322, que podemos por supuesto brindar y acompañar distintas situaciones”, indicó Aparicio.
Pueden perder el beneficio de las estampillas
La funcionaria de Educación recordó otra disposición adoptada en la actual gestión del gobierno provincial que evidencia el interés por combatir la violencia y valorizar la educación y sus beneficios: “El año pasado ya se modificó el decreto reglamentario de la Ley de Estampillas, donde se incluyó el inciso H, para erradicar los actos de violencia en establecimientos educativos. Actos de violencia que pueden ser entre estudiantes, o de estudiantes con docentes, directivos o miembros de la comunidad, y resultan en la quita del beneficio”.
“Recordemos –abundó– que el beneficio de estampillas Ahorro para mi Futuro es una ley provincial que busca el estímulo de la escolaridad y que puedan finalizar sus estudios. Por eso los estudiantes van acumulando dinero y finalmente pueden cobrarlo cuando terminan de rendir y no queda ninguna materia en el último año del secundario”.
Aparicio explicó que “lo que se incorporó ahora es que, si se produce un acto de violencia, se van a quitar esas estampillas: con el primer acto de violencia se le quitará por un año y, si es repetido hasta tres veces, se quitarán totalmente las estampillas. Ya se produjo una resolución de este tipo, un caso de Villa Mercedes donde a un estudiante se le han quitado las estampillas por el período 2026”.
