El entonces presidente lo firmó el 13 de diciembre de 1983, apenas tres días después de asumir. Desde entonces, debió sufrir los embates de los militares, que querían asegurarse la impunidad.
Que los métodos que los militares usaron durante la última dictadura, contra los subversivos y contra cualquier persona que ellos consideraran subversiva, fueron manifiestamente ilegales es algo que el presidente de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín, tenía en claro ya antes de asumir. Por eso, apenas tres días después de hacerse cargo de la Presidencia, firmó el decreto por el cual dispuso el juicio a las juntas que habían usurpado el poder a partir del 24 de marzo de 1976.
Este año se cumplieron cuarenta años de la restauración de la democracia en Argentina. Y de aquella decisión, que fue valiente, sobre todo porque hacía apenas tres días que las cúpulas militares se habían retirado formalmente del gobierno, pero todavía eran muy fuertes y no estaban dispuestas a perder los privilegios que les aseguraban la impunidad.
De hecho, le pulsearon varias veces a Alfonsín, hasta torcerle el brazo más adelante. Su presión, sus amenazas e intentonas reiteradas de levantarse otra vez en armas y quebrantar nuevamente el régimen democrático desembocaron en dos leyes de impunidad, la de punto final y la de obediencia debida.
La Ley de Punto Final (N° 23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986. Estableció la paralización de los procesos judiciales iniciados en 1985 contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas.
La Ley de Obediencia Debida (N° 23.521) fue dictada el 4 de junio de 1987. Determinó que los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas no debían ser castigados por los crímenes cometidos, por haber actuado en virtud de la obediencia debida, un concepto militar según el cual los subordinados, en una organización verticalista, se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.
Recién en 2003 fueron anuladas ambas normas. Eso permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de la represión ilegal en todo el país, lo que ha dado como resultado la condena a más de 1.200 represores. En San Luis, la Justicia Federal hizo tres juicios.
En aquel decreto N° 158/83, del 13 de diciembre de ese año, Alfonsín señalaba que las cúpulas militares hicieron “una intensa y prolongada campaña de acción psicológica”. El propósito era instalar la idea que la sociedad estaba minada de terroristas, a los que calificaban como “agentes disolventes o de la subversión”. El presidente afirmó que en esa difusa categoría incluían tanto a los verdaderos terroristas como a los meros disidentes y aun a “aquellos que se limitaban a criticar los métodos empleados”.
De esa forma, “entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria ‘doctrina de la seguridad nacional’”.
Víctimas de salvajes tormentos
“Se organizó la represión sobre la base de procedimientos en los cuales, sin respeto por forma legal alguna, se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados y sobre la base de esa mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta”.
Luego “fueron conducidos a lugares secretos de detención, sin conocerse con certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de la vida sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos”.
“En el curso de las operaciones desarrolladas por el personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores”, decía otro considerando del decreto.
Con los años, a través del testimonio de las víctimas en los juicios, se confirmó, amplió y divulgó lo que en algunos casos al principio había sido presunción o comentario soterrado. Y salió a la luz un gran muestrario de terror.
