El fallo de la Jueza Laboral N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona, que paralizó los gastos de Alberto Rodríguez Saá a 60 días de dejar el gobierno cortó, de mínima, la fuga de 2.500 millones de pesos que saldrían como adelantos de obra para perderse en un circuito sospechoso.
Tal vez allí esté la clave para entender el desaforado malestar que brotó en los medios oficiales, encabezado por el diario familiar del gobernador y que administra su hija, desde donde se descalificó ese fallo judicial.
La “ciudad judicial” que el gobierno se preparaba para licitar -ese día el acto se suspendió a raíz del fallo judicial- le costaría a los puntanos 41 mil millones de pesos, y en concepto de anticipo financiero por la obra, alguien recibiría 2.500 millones de pesos. Ese pago quedó trunco con el fallo judicial que desencajó al oficialismo.
El costo de esa obra, con un plazo de más de 600 días, iba a quedar como una responsabilidad que debería afrontar la próxima gestión de gobierno que se iniciará el 10 de diciembre. Mientras, alguien se alzaría con 2.500 millones de anticipo, a sólo 60 días de la llegada del nuevo gobierno.
Los hechos así contados, le sirvieron al senador Adolfo Castro Luna para explicar la importancia del fallo de la Jueza Bona.
“Creo que la Jueza ha actuado con mucha cautela al emitir este fallo tras una presentación judicial de Claudio Poggi, ya que previene que básicamente dejen la provincia aún más endeudada y más quebrada” señaló en declaraciones al programa “Algo queda” que conduce Emiliano Pascuarelli, en Radio Rivadavia.
Me preocupa que, para poner un ejemplo, esta licitación de la “ciudad judicial” que se estaba por anunciar previo al fallo, era una licitación de 40.000 millones de pesos; evidentemente que el gobierno actual no va a poder ejecutar esta obra, ni por supuesto pagarla ya que se va el día 10 de diciembre. Entonces lo que están buscando, o lo que uno se permite inferir es que están buscando hacer un “pagadios” del 30%, hacer un “paga-Poggi”, y cobrar un 5% de la obra que son 2.000 millones de pesos, una cifra exorbitante, y dejar, insisto, la provincia más endeudada y más complicada al futuro”.
Castro Luna consideró que el fallo de la Jueza es claro en el sentido de “evitar comprometer ejercicios futuros… esto es una manera de actuar para evitar la corrupción y transparentar” la gestión del gobierno saliente
El senador por Pedernera fue más lejos aún y dijo que el Ejecutivo “con estos manotazos está queriendo alterar la paz social inútilmente” a 60 días de dejar el Gobierno.
