El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró ayer que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto destinado a las universidades públicas y volvió a cuestionar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por sus reclamos vinculados al financiamiento de hospitales universitarios.
Las declaraciones se produjeron luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. Según explicó el funcionario, la norma permanece suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias para su aplicación.
“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable con el equilibrio fiscal, porque romperlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, y eso siempre deriva en más inflación y más pobreza”, sostuvo Adorni durante una conferencia de prensa.
En ese marco, el vocero rechazó las críticas de sectores universitarios y de la oposición sobre un supuesto ajuste en la educación superior. “Desde el inicio de esta gestión se intentó instalar, detrás de una causa noble, que el Gobierno quería desfinanciar o incluso cerrar las universidades. Eso es absolutamente falso”, afirmó.
Además, indicó que el Ejecutivo “cumplió con todas las obligaciones presupuestarias” y remarcó que las transferencias para gastos de funcionamiento se realizan de manera mensual. También destacó que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento en las partidas destinadas al sistema universitario nacional, que alcanzarían los 4,8 billones de pesos.
Adorni también comparó la situación actual con la gestión anterior y señaló que durante el gobierno de Alberto Fernández las transferencias se efectuaban con demoras de hasta cuatro meses, en un contexto de inflación anual superior al 200%.
En relación con los hospitales universitarios, el funcionario desestimó las denuncias de la UBA por presunto desfinanciamiento y aseguró que el Gobierno transfirió “la totalidad de los créditos presupuestarios previstos” para salud, tanto en funcionamiento como en salarios.
Según detalló, la UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, monto que -afirmó- representa el 94,5% del presupuesto total destinado a hospitales universitarios de todo el país.
“Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario asignado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, cuestionó.
Por último, y de cara a la movilización convocada para el 12 de mayo, Adorni expresó su expectativa de que prevalezcan “el sentido común y la sensatez”, y aseguró que el Gobierno considera a la educación y a la salud como “derechos fundamentales, inalienables y universales”.
La Justicia levantó la cautelar que suspendía artículos de la Ley de Modernización Laboral
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional.
La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien sostuvo que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.
Según se pudo saber, la magistrada resolvió “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026, que suspendió 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802”.
El fallo recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral.
En ese marco, Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”.
La resolución cuestionó además el alcance de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.
