En un escenario marcado por la incertidumbre económica, la caída de los recursos coparticipables y la creciente demanda social, el Gobierno de la provincia de San Luis presentará dos proyectos de ley de emergencia con el objetivo de proteger el tejido social y económico del territorio. Así se desprende de la reunión de Gabinete ampliado que presidió el Gobernador Poggi este martes en Casa de Gobierno y en la que se abordaron estos temas prioritarios en la agenda oficial.
El primero de esos proyectos propondrá una nueva Ley de Emergencia Económica, que será una prórroga de la ya vigente, pero con un componente innovador: la creación de un fondo de garantía que permitirá asegurar el pago de los salarios de los empleados públicos y los beneficios del Plan de Inclusión Social, incluso frente a eventuales retrasos o recortes en los envíos de recursos nacionales. Según explicaron desde el Ejecutivo, esta herramienta busca evitar despidos o situaciones de desfinanciamiento ante la volatilidad de los ingresos provinciales.
El ministro de gobierno Gonzalo Amondarain explicó que “cuando el Gobernador inició su mandato las reservas eran inexistentes, estaban todos los números en rojo y se habían tomado decisiones que con el tiempo iban a dinamitar el Estado”. Por eso, con la creación de este fondo de garantía, el Gobierno garantiza “por ley que, ante cualquier imprevisto que sufra San Luis, estamos en condiciones de asegurar el salario de dos meses de las dependencias del Estado”, agregó.
En paralelo, se presentará un ambicioso proyecto de Ley de Emergencia Habitacional, que establece como política de Estado una meta concreta: afectar por ley el 50% de los gastos de capital exclusivamente a soluciones habitacionales y garantizar que todos los inscriptos en el plan “Tenemos Futuro” tenga la solución habitacional esperada en el corto, mediano o largo plazo. Esta medida apunta a dar respuesta a la acuciante problemática del acceso a la vivienda, que afecta de forma directa a un tercio de la población provincial.
También el ministro Amondarain señaló que de acuerdo a la información preliminar que arrojó el cierre de las inscripciones “hay datos verdaderamente alarmantes, consecuencia de ocho años en los que la construcción de viviendas no estaba en la agenda del Gobierno”. En la reunión de trabajo también se habló de la llegada inminente del Plan TuBi a las más de 80 escuelas rurales que operan en la provincia.
“Si bien en las escuelas convencionales públicas y privadas sólo reciben la bicicleta los estudiantes de 5° año, el Gobernador anunció que en los parajes irán destinados a todos los alumnos del secundario. Han diseñado dos talles, para tener en cuenta las diferentes edades y medidas, para que todos accedan a su TuBi”, resaltó Amondarain.
A todo esto, hay que decir que, en medio de una situación compleja y de alta imprevisibilidad, estas iniciativas no solo buscan sostener la paz social y el empleo, sino también marcar un rumbo claro y previsible en materia presupuestaria, fijando prioridades que respondan a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
