Ordenó devolver el colectivo que Cintia Ramírez compró pagando sobreprecios superiores a los cien millones de pesos. Su fallo será apelado por Fiscalía de Estado.
El fallo del Juez Marcos Flores Leyes que ordenó devolver el colectivo que Cintia Ramírez, primera imputada por corrupción del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, compró pagando un sobreprecio superior a los cien millones de pesos fue leído en clave de protección a los que se aprovecharon del Estado. Y esa mirada compartieron algunos abogados: “esto es como si a vos te roban y el Juez le diera al ladrón para que use eso que te robó”.
El colectivo en cuestión fue comprado por Cintia Ramírez en la triangulación que hacía como Secretaria de Deportes, Presidenta del Ente Deportes y Presidenta del San Luis Futbol Club a donde iban a parar millonarios subsidios de fondos estatales que ella misma autorizaba.
El fallo de Marcos Flores ratifica el descrédito de los jueces ante la sociedad en línea con la desprotección en materia de inseguridad -puerta giratoria de los delincuentes- como también de la colonización política de ese Poder que protege hechos de corrupción y a quienes se aprovecharon del Estado.
Son muy malas las señales que llegan desde esos despachos del Poder Judicial. Sus ocupantes no parecen responder al mensaje de cambio cultural que votó la sociedad el pasado 11 de junio. El fallo de Flores Leyes -que llegó al sillón de juez en la gobernación de Alberto Rodríguez Saá- será apelado por Fiscalía de Estado y por el fiscal Francisco Assat Alí.
El posicionamiento de la Justicia en contra de la expectativa de la sociedad quedó también en evidencia en los últimos días cuando el Procurador General de la provincia, el ex presidente del bloque de diputados del Frente Unidad Justicialista, Luis Martínez intentó defender el trabajo de los fiscales. Sin embargo, los datos contradicen cualquier relato de Martínez: de los 1087 delincuentes detenidos in fraganti en lo que va del año, 970 están libres, y a sólo 50 se les dictó prisión preventiva, más la mitad de ellos la cumple en sus propios domicilios.
El director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo lo dejó en evidencia al asegurar que su único antecedente para ocupar el rol de jefe de los fiscales fue haber sido diputado de Rodríguez Saá, de hecho fue presidente del bloque Justicialista.
Berruezo recordó además que a Martínez le faltan los años de ejercicio profesional, requisito pese al cual llegó a ser Procurador.
“Ha quedado claro que no sabe nada” le recriminó Berruezo a Martínez, que intentó polemizar con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa que le pidió públicamente a la Justicia que se comprometa con la sociedad.
