El Senado l dio ayer media sanción al proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de San Luis. La iniciativa obtuvo el respaldo de seis senadores, mientras que otros tres votaron en contra, con lo cual se alcanzó la mayoría especial de dos tercios que exige este tipo de leyes.
El texto habilita los temas que luego podrá abordar una Convención Constituyente. Así lo explicó durante el debate el senador Martín Olivero, quien remarcó que la tarea del cuerpo legislativo se limita a declarar la necesidad y conveniencia de la reforma y a fijar los puntos que la Asamblea Constituyente estará habilitada a tratar.
Esa Convención se conformará según el resultado de la próxima elección provincial general y tendrá competencia exclusivamente sobre los temas que fije la ley, pudiendo incluso resolver no modificar el texto vigente. Estará integrada por 52 convencionales electos por el pueblo de cada departamento. «Son ellos los que van a modificar la Constitución provincial», sintetizó Olivero.
Límite a la reelección del gobernador
Uno de los puntos centrales del esquema es la modificación del artículo 147 para establecer la prohibición absoluta de reelección después de dos períodos, sean consecutivos o alternados, para quien ocupe la Gobernación. El actual período 2023-2027 se computará como primer mandato a los fines de esa limitación, con lo cual el esquema alcanza también a la gestión en curso: el propio Gobernador quedaría con el período 2027-2031 como su último mandato posible, si así lo define la ciudadanía.
En materia electoral, se habilita la incorporación del sistema de doble vuelta o balotaje para la fórmula de gobernador y vicegobernador, con el objetivo de reforzar la legitimidad popular de quien resulte electo.
Cambios en el calendario electoral y legislativo
El proyecto también reordena el funcionamiento del Poder Legislativo: el período de sesiones ordinarias pasaría a extenderse del 15 de marzo al 31 de diciembre, y tanto Diputados como Senado se renovarían en su totalidad cada cuatro años, en comicios coincidentes con la elección de gobernador.
Reforma judicial y del Ministerio Público
Otro de los ejes centrales es la reforma del sistema judicial. El proyecto propone garantizar la independencia del Ministerio Público separándolo del Poder Judicial y organizándolo bajo una doble dirección, con una Defensoría General y una Procuración General. Se prevé además la creación de un Consejo del Ministerio Público. También se habilitan cambios en la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, incorporando representantes de la academia y del Senado provincial.
Límite de edad para magistrados La iniciativa fija además un límite de 75 años para los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. Alcanzada esa edad, su continuidad podrá analizarse mediante una nueva designación con acuerdo del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.
Agua, capitales alternas y nuevos derechos
El proyecto busca otorgarle jerarquía constitucional al agua como derecho humano y recurso estratégico, con una administración a cargo de un funcionario técnico de idoneidad acreditada, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y mandato de cinco años.
Se habilita también la incorporación de capitales alternas en distintos puntos del territorio provincial. Otro bloque de la reforma incorpora principios y derechos vinculados a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial: identidad digital, uso ético de las tecnologías, protección de la dignidad humana, protección de datos frente a algoritmos y acceso universal a la conectividad. Se suma también la incorporación del hábeas data y de principios de acceso a la información pública y gobierno abierto.
El proceso previo de consenso
La media sanción llegó luego de un trabajo de ocho reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria del Senado. De esos encuentros participaron el vicegobernador y presidente del Senado, Ricardo Endeiza; el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes; senadores y diputados provinciales; el abogado Cristian Altavilla; el director general de Enlace Parlamentario de la Provincia, José Giraudo; la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso; el procurador general de la Provincia, Eduardo Cadelago Filippi; y la defensora general de la Provincia, Marcela Torres Cappiello.
El último de esos encuentros se extendió por más de tres horas y sumó a autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de San Luis. Al cierre del debate, Olivero volvió sobre ese proceso y sostuvo que en esas ocho reuniones, con participación de instituciones intermedias, quedó a la vista que se trata de una reforma transparente, orientada únicamente a dotar de mayor institucionalidad al sistema republicano provincial. También Monseñor Barba acercó aportes al proyecto.
La UCR respaldó la reforma y llamó a participar activamente
El radicalismo de San Luis expresó su apoyo a la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi y consideró que representa una «oportunidad histórica» para fortalecer las instituciones. Planteó como prioridades la modernización del Estado, mayores mecanismos de control y transparencia y la consolidación de políticas públicas que trasciendan a los gobiernos.
La Unión Cívica Radical de San Luis fijó posición en el debate por la reforma parcial de la Constitución provincial y expresó formalmente su respaldo a la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi. A través de un documento firmado por sus máximas autoridades partidarias, el radicalismo sostuvo que la actualización de la Carta Magna constituye una «oportunidad histórica» y llamó a participar activamente del proceso.
El pronunciamiento lleva las firmas de Juan Álvarez Pinto, presidente del Comité Ejecutivo partidario, y José Daniel Picco, presidente de la Honorable Convención Provincial, y se conoció mientras avanza la discusión política e institucional sobre los cambios propuestos para la Constitución vigente desde 1987.
«Desde la Unión Cívica Radical San Luis expresamos nuestro respaldo a la iniciativa de Reforma de la Constitución Provincial impulsada por el gobernador Claudio Poggi», comienza el documento. El partido fundamentó esa posición en la necesidad de «fortalecer las instituciones y construir un Estado preparado para los desafíos de las próximas décadas».
La UCR planteó que la Constitución no debe ser concebida únicamente como una norma destinada a preservar el orden institucional existente, sino también como una herramienta capaz de acompañar las transformaciones de la sociedad.
«Los tiempos cambian y las instituciones deben estar a la altura de esos cambios», sostuvo el radicalismo. Y agregó: «Una Constitución no puede ser solamente un texto que preserve el pasado: debe ser también una herramienta para garantizar derechos, mejorar la calidad institucional y proyectar el desarrollo de San Luis hacia el futuro».
En ese marco, el partido identificó algunos de los principios que pretende llevar a la discusión de la reforma. Entre ellos mencionó la modernización del funcionamiento del Estado, el fortalecimiento de los mecanismos de control, una mayor transparencia en la administración pública y la consolidación de políticas de Estado capaces de trascender a las sucesivas gestiones de gobierno.
El comunicado también reivindicó el papel que pretende asumir el radicalismo durante el debate. «El radicalismo tiene una responsabilidad histórica: participar activamente en este proceso, aportar sus ideas y defender los valores republicanos que dieron origen a nuestra fuerza política», señaló.
El documento concluye con una definición explícita a favor de avanzar con la modificación de la Carta Magna: «Desde la Unión Cívica Radical de San Luis decimos sí a una Reforma Constitucional que mire hacia adelante, que fortalezca la democracia y que prepare a San Luis para los próximos 30 años».
El posicionamiento partidario suma así un respaldo político a la iniciativa de reforma que comenzó a debatirse en la Legislatura y coloca a la UCR dentro de las fuerzas que buscarán intervenir en la definición del contenido que tendrá el eventual proceso constituyente.
