A través de un recurso extremo llamado “per-saltum” que evita la intervención de jueces intermedios y lleva el caso hasta la cúspide del poder judicial, el gobernador Alberto Rodríguez Saá logró que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis fallara a su favor para permitirle continuar con los llamados a licitaciones millonarias que comprometerán los recursos del próximo gobierno.
Esa es la lectura que se puede hacer del fallo que firmaron los jueces Jorge Levingston, Cecilia Chada, Eduardo Allende y José Guillermo L´Huillier contra la medida de no innovar de la Jueza María Eugenia Bona que había frenado los llamados a licitación que impulsa el gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá.
No obstante, el fallo del Superior Tribunal de Justicia será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ha sido en otros casos en los que los jueces nacionales corrigieron fallos de los magistrados puntanos. Por caso, el más resonante del último tiempo fue el que anuló la sentencia con el periodista Diego Masci, enjuiciado por informar sobre el caso de la ministra de Educación, Natalia Spinuza que se grabó en un video reconociendo que estaba drogada.
En este caso los jueces puntanos dispusieron, de conformidad con lo sugerido por el Procurador General, el ex diputado oficialista, Luis Martínez, en su artículo I° la “admisibilidad del recurso extraordinario por salto de instancia, con el efecto suspensivo previsto en el art. 255 CPCC, en relación a la resolución cautelar de fecha 02/10/2023.
El artículo II) dispuso “Correr traslado con habilitación de día y hora, a la amparista, de la presentación de fecha 05/10/2023, por cinco días, de conformidad con lo dispuesto por el art. 255 del CPCC”; y en su artículo III) ordena “al Juzgado de Primera Instancia -y/o a la Cámara que estuviera interviniendo-, que forme incidente del trámite cautelar con las piezas pertinentes”.
En definitiva, lisa y llanamente, lo que plantea el fallo de los jueces del Superior Tribunal de Justicia es que Rodríguez Saá puede seguir llamando a licitaciones de obras millonarias que comprometerán el presupuesto por varios años del próximo gobierno que asume el 10 de diciembre.
El Superior Tribunal de Justicia intervino para favorecer a Rodríguez Saá
