El fin de semana un Tribunal de Impugnación rechazó el apartamiento del juez Santiago Ortiz, lo que confirmó al magistrado como juez natural de la causa del vaciamiento del Molino Fénix. Ahora con Ortiz confirmado, el viernes, si no hay ningún otro contratiempo que dilate el proceso judicial, tendría lugar la audiencia en la que imputarán a la ex diputada albertista Anabela Lucero, su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán y tres ex funcionarios que trabajaban en el Complejo, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres.
El inicio de la audiencia está previsto para las 8:30. Los fiscales José Olguín y Marcelo Palacios esperan formularle cargos a Lucero y compañía por los delitos de “Robo calificado en poblado y en banda», «Peculado» y «Defraudación a la administración pública”.
La audiencia, programada para el jueves 6 de marzo, había sido suspendida porque el juez de Garantías se excusó de la causa por razones de «delicadeza y decoro», pues entendía que la relación comercial que existió entre su hermano y Beltrán puede ser vista como un elemento que ponga en tela de juicio su imparcialidad en el tratamiento de la causa.
El caso, entonces, pasó a manos del juez Alfredo Cuello. Al día siguiente, el magistrado rechazó el apartamiento de Ortiz y, sin tapujos, lo calificó de «escapista». De esa forma, el tratamiento de la excusación del magistrado pasó al Tribunal de Impugnación.
Y el sábado el Tribunal, conformado por los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante, no hizo lugar al apartamiento. En su resolución remarcaron que “se justifica desestimar la excusación formulada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 4, atento que el magistrado natural de la causa sólo ha puesto de relieve en su libelo excusatorio el hecho de que su hermano le habría alquilado a las personas investigadas un departamento, contrato que además no se habría consumado, pues al advertirlo le habría pedido a su hermano que lo rescindiera y devolviera el dinero, sin más motivos o consideración de otras circunstancias que permitan suponer que su imparcialidad de juicio para intervenir en autos pudiera estar en duda o menguada”.
