La cifra fue dada a conocer por el Programa Nacional de Rescate. En el país, fueron puestas a salvo 1609 personas de 17 nacionalidades, entre las que había 73 menores.
De las 1609 víctimas de trata de personas rescatadas el año pasado en el país, 72 fueron localizadas en la provincia de San Luis, según el informe estadístico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Las cifras candentes de este flagelo son una de las razones por las que los Estados nacional y provincial han decidido trabajar en forma coordinada en la prevención. Una de las estrategias es el potenciamiento de la línea telefónica 145, gratuita y confidencial, a la cual se pueden hacer llegar denuncias y alertas.
“La provincia asume responsabilidad en el llamado punto focal, integrado a los otros del resto del País, con los que trabaja en forma mancomunada”, manifestó el director de Derechos y Garantías Constitucionales del gobierno provincial, Marcelo Juárez.
Semanas atrás, el ministro de Gobierno de San Luis, Facundo Endeiza, la asesora legal del ministerio, Juliana Gatica, y Juárez mantuvieron una reunión de trabajo con la delegada del Comité Nacional de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Valeria Herrera. Entre las 1609 personas rescatadas el año pasado -el informe abarca desde el 1° de enero al 30 de noviembre-, había 73 menores, según el reporte nacional.
La trata de personas es un delito que se configura aunque haya consentimiento de la víctima. Abarca el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con el propósito de explotarlas, dentro del territorio nacional o desde y hacia otros países. De los casos de 2023, la mayoría de las víctimas, 1378, eran argentinas. Las demás eran 109 de Bolivia, 62 de Paraguay, 14 de Perú, 9 de Colombia, 7 de Venezuela y 7 de República Dominicana, 6 de Uruguay, 5 de China, 3 de Brasil, 2 de Jamaica y 2 de Chile, y 1 de cada uno de estos países: Estados Unidos, Cuba, Ucrania, Rusia y Filipinas.
El delito tiene distintas etapas y no necesariamente deben cumplirse todas para que se configure, mientras se pruebe que la finalidad de las acciones realizadas sea la explotación de personas. Y tiene distintas finalidades. De los casos detectados en 2023, casi un setenta por ciento (66,94%) se trató de personas sometidas con fines de explotación laboral. Le siguió el sometimiento con fines de explotación sexual, con 382 casos (23,74%). Luego, registraron 105 casos de reducción a la servidumbre; 3 casos de “mulas” (personas empleadas para el transporte de drogas) y 42 casos en los que no pudieron determinar el propósito.
En cuanto a la distinción por género, el año pasado rescataron a 997 varones, 589 mujeres, 21 mujeres trans y 2 personas no binarias. “En San Luis, el Centro de Asistencia de la Víctima del Delito (CAVD), dependiente de la Dirección de Derechos y Garantías Constitucionales, del Ministerio de Gobierno, es el ámbito operativo en esta estrategia. Es el punto focal de la provincia, donde se articulan abordajes interinstitucionales”, señaló Juárez. Destacó que hay una mesa interinstitucional en la que participan la Fiscalía Federal, la Delegada del Comité Nacional Contra la Trata; Migraciones; algunas ONG y distintos organismos de gobiernos municipales y de la Provincia.
Algunos de sus objetivos son proveer refugio y asistencia integral a las víctimas, garantizar que estén a resguardo, y restituir sus derechos para que puedan reconstruir su proyecto de vida, al facilitarles la inserción educativa, social y laboral.
