Un hombre investigado por tratar de raptar a una niña para abusarla, en la ciudad de San Luis, deberá cumplir sesenta días de prisión en su domicilio. Se trata de Jorge Eduardo Ochoa, a quien el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, imputó por el delito de “sustracción de una persona menor de 13 años con fines sexuales en grado de tentativa”.
La medida contra Ochoa fue dispuesta el viernes, durante la reanudación de la audiencia de formulación de cargos, luego de que la defensa hiciera uso de la prórroga constitucional de ocho días prevista en el artículo 40 de la Constitución de San Luis para mejorar la situación procesal del acusado.
En la audiencia participaron la fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba; la defensora adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez; y el abogado defensor Federico Farías. Solo la intervención providencial de una vecina impidió que la niña fuera raptada y abusada.
De acuerdo con lo relatado por la fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de julio, alrededor de las nueve de la noche, en una plaza ubicada frente a una vivienda del barrio Las Américas, en la zona noroeste de la ciudad de San Luis. Allí estaba Jorge Eduardo Ochoa, de 51 años, en una Renault Kangoo, cuando se acercó a una niña de 11 años, le propuso subir al vehículo para “dar una vuelta”, la sujetó de la cintura, le acarició la espalda, le pidió su número de teléfono y sus redes sociales e intentó conducirla hacia el utilitario tomándola de la mano, según la descripción del hecho presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La aparición de una vecina permitió que la niña se refugiara en una vivienda cercana. Posteriormente, cuando la madre de la niña lo enfrentó, el imputado se retiró del lugar en el vehículo y fue interceptado minutos después, tras una persecución, por personal policial. Al momento de su detención, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,483 gramos de alcohol por litro de sangre.
Durante la audiencia, la defensa no formuló objeciones a la formulación de cargos, aunque cuestionó el pedido de una medida de coerción privativa de la libertad. Sostuvo que no existen riesgos procesales suficientes para justificar una prisión preventiva y solicitó la aplicación de medidas menos gravosas, entre ellas la firma del libro de procesados, una prohibición de acercamiento y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria. También ofreció como caución real el vehículo propiedad del imputado.
La Fiscalía y la Defensoría de Niñez y Adolescencia habían pedido la prisión preventiva al considerar que era necesario resguardar el desarrollo de la investigación y la producción de prueba pendiente, en especial las declaraciones que deberán recibirse mediante Cámara Gesell.
Al resolver, el juez tuvo por admitida la formulación de cargos, al considerar que la imputación había sido expuesta de manera clara y suficiente para garantizar el derecho de defensa del acusado.
Asimismo, entendió que no se hallaba acreditado un riesgo de fuga, pero sí advirtió la necesidad de proteger a la víctima y preservar la producción de la prueba pendiente. En ese contexto, rechazó tanto el pedido de prisión preventiva como las medidas menos restrictivas solicitadas por la defensa y dispuso la prisión domiciliaria por el plazo de sesenta días, que Ochoa deberá cumplir en un domicilio de la ciudad de San Luis.
Además, advirtió al imputado que deberá permanecer en el lugar y que será sometido a controles aleatorios, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de las condiciones impuestas podrá motivar una medida más severa.
