Amás de cien millones de pesos ascienden las estafas que cometió un hombre que defraudó, al menos, a diecinueve personas aplicando el esquema Ponzi. El viernes pasado, el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, le formuló cargos a Nicolás Pérez, de 39 años, por el delito de estafa reiterada en 19 oportunidades, todas en concurso real.
Según el criterio del fiscal, Pérez montó, entre fines de 2024 y enero de 2026, una red de estafas bajo la modalidad de esquema Ponzi, mediante la cual captó dinero de varias personas con la promesa de obtener altos rendimientos a partir de supuestas inversiones en la compra e importación de teléfonos de la marca Apple.
En la audiencia del viernes pasado, ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Mointiveros Chada, Assat describió que la maniobra presentaría las características típicas de una estafa en la que los supuestos beneficios que reciben los primeros inversores se pagan con el dinero aportado por nuevas víctimas, un sistema que inevitablemente colapsa cuando deja de ingresar capital.
La calificación legal de “Estafa reiterada en 19 oportunidades, todas en concurso real” quiere decir que la persona está acusada de haber cometido 19 estafas distintas, cada una contra una víctima o en un hecho diferente. No se trata de un solo episodio, sino de 19 hechos independientes.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado ganaba la confianza de las víctimas —muchas de ellas clientes o conocidos de la barbería donde trabajaba— y luego las convencía de entregar importantes sumas de dinero, en pesos y dólares, a través de transferencias o en efectivo.
Si bien al principio cumplió con algunos pagos para sostener la maniobra, a fines de 2025 dejó de responder a los reclamos y se mudó a la provincia de Córdoba, pero se quedó con el dinero invertido por las víctimas.
La Fiscalía señaló que algunas víctimas habrían entregado pequeñas sumas, pero otras le dieron a Pérez montos millonarios en pesos y dólares. Entre los casos más relevantes se mencionan personas que habrían invertido millones de pesos, vehículos, teléfonos celulares e incluso ahorros personales completos, al confiar en las promesas de rentabilidad.
Por estos hechos, la fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para Pérez. Para solicitar dicha medida, el fiscal argumentó el riesgo de fuga —debido a que Pérez se fue de la provincia y cortó todo contacto con las víctimas— y la necesidad de resguardar la investigación, que incluye pericias contables e informes de entidades financieras para determinar el monto total del perjuicio económico.
Pérez se abstuvo de declarar y su abogado, Cristian Galgano, pidió al juez que rechazara el pedido de prisión preventiva, al sostener que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Explicó que el imputado no se fugó ni intentó sustraerse del proceso, sino que se trasladó a la ciudad de San Francisco (Córdoba) por motivos personales vinculados a su salud. Según indicó, el hombre estuvo internado en un hospital de la ciudad de San Luis y posteriormente fue retirado por su padre debido a presuntas amenazas sufridas en ese lugar.
El juez de Garantía rechazó el pedido de prisión preventiva, al entender que no se acreditaron de manera suficiente riesgos procesales que justifiquen la privación de la libertad.
En particular, valoró que el imputado compareció a la primera citación judicial, que no registra incumplimientos previos y que parte de la evidencia mencionada por la fiscalía ya está incorporada a la investigación, lo que reduce la posibilidad de entorpecimiento.
No obstante, para asegurar el desarrollo del proceso, el magistrado dispuso medidas menos gravosas que la privación de la libertad: la prohibición de salida del país por 120 días —plazo previsto para la investigación penal preparatoria— y la posibilidad de fijar una caución real mediante el embargo de un inmueble, medida que deberá formalizarse con la intervención del titular del bien ante el juzgado.
En este caso, sería la casa que el padre del imputado tiene en la provincia de Córdoba. La Fiscalía apeló la decisión del juez de Garantía y el caso será revisado por el Tribunal de Impugnación.
