La noche del 18 de noviembre pasado la familia de Abel «Pochi» Ortiz se desmoronó. «¡Once años!, ¡once años!», el grito de Ariel, uno de los hermanos del joven desaparecido, pareció quedar grabado, casi como un eco, en un rincón de la sala de juicios donde juzgaron a la expareja de Abel, Alejandra Espinosa, el excomisario Marcelo Acevedo y María Vázquez, amiga de la mujer. Esa cantidad de años que salieron con bronca de la boca del más fortachón de los Ortiz no aludían a los años de condena del trío, sino al tiempo que llevaba desaparecido, hasta ese momento, su hermano y también a todos los largos años que la Justicia les dio la espalda. Por un lado, no buscando al joven como era debido y, por otro, dejando libres y una y otra vez a esas tres personas y a otros policías, los sospechosos de siempre de que hasta hoy el paradero del hombre esté tapado por un gran signo de interrogación.
Marcharon incansablemente por las calles de Villa Mercedes, viajaron de un extremo a otro del país tras el rastro de Abel, reclamaron mil veces en tribunales y el día que, finalmente, esperaban oír que condenarían a los acusados de siempre los absolvieron a todos.
Dejaron de tener esperanza en la justicia del hombre y pusieron toda su fe en la justicia divina, a la que apostarían 10 mil veces. Pero un hombre, el único que cree que la causa penal no murió el viernes 18 de noviembre, el fiscal de juicio Néstor Lucero apeló el fallo que absolvió a Espinosa, Acevedo y Vázquez. Solo resta esperar si la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia reivindicará la imagen que se hicieron los Ortiz y la sociedad toda sobre la justicia ordinaria. Una forma de lograrlo sería dejando sin efecto el veredicto de primera instancia que absolvió por «asociación ilícita» a los tres exacusados.
El juicio empezó en septiembre y terminó en noviembre. De todas las audiencias que realizaron, en la que declararon decenas y decenas de testigos, los jueces Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores solo participaron de las dos primeras. Luego, no aparecieron ni siquiera el último día, que empezó con horas y horas de alegatos y luego tres horas de espera más hasta que dieran a conocer su veredicto. La única jueza que estuvo presente fue Sandra Erhlich, porque es de Villa Mercedes y, además, era la presidente de ese tribunal.
También fue la única que votó a favor de condenar a los tres acusados, porque los otros que participaron del debate virtualmente, a través de videollamadas, coincidieron entre ellos que había que dejar libre de cargo y culpa a Espinosa y compañía. Ni siquiera se molestaron en asistir al recinto. Explicaron que tenían serios impedimentos económicos para viajar de San Luis a Villa Mercedes. Noventa kilómetros hay entre una ciudad y otra.
Con ese primer gesto de los magistrados, los Ortiz ya se sintieron ninguneados, ni hablar de la opinión de los ciudadanos de Villa Mercedes, entre ellos muchos abogados. Pero no importaba, ese viernes todos los hermanos de Abel pensaban positivamente. Creían que el tribunal condenaría a quienes siempre consideraron y consideran los responsables de hacer desaparecer a Abel el 16 de septiembre de 2014.
Pero la realidad les dio un terrible golpe ese día, alrededor de las 20, cuando terminaron de oír la lectura del fallo que absolvió a Espinosa, Acevedo, Vázquez, a Gachi y Pachi y todo que el que haya estado involucrado en la desaparición del hombre de 29 años.
«Hasta acá llegué», le comentó el fiscal instructor Leandro Estrada a esta periodista. No era para menos la sensación de cansancio y desolación del funcionario público. Durante casi una década, cuando fue juez de instrucción investigó a fondo no solo a la peluquera Espinosa, a su presunto amante, Acevedo, y a Vázquez, sino también a otros policías, y no le tembló la mano cuando tuvo que firmar las resoluciones en las que ordenó sus prisiones preventivas. Primero lo hizo procesándolos directamente por el homicidio de Abel y, cuando una Cámara Penal los absolvió, los volvió a procesar y encarcelar por asociación ilícita. En ese lapso también procesó a la peluquera y a su hija por intentar matar a tiros a un vecino de 16 años, causa por la que aún está presa Espinosa.
Tras su sentencia, los magistrados contaron con 10 días hábiles para presentar los fundamentos de su resolución. Cuando lo hicieron, Lucero la apeló. Contó también con 10 días hábiles para interponer el recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis. La presentación la realizó en febrero.
La respuesta del STJ puede demorar hasta seis meses, incluso más si no respetan los tiempos, como acostumbraban cuando regía al antiguo Código Procesal. Los tiempos de la Justicia siguen siendo los tiempos de la Justicia.
Los Ortiz buscaron justicia 11 largos años y ahora, de alguna forma, esperan que la justicia llegue a ellos. Ya decidieron que no marcharán, ni insistirán en tribunales. Por supuesto, siempre mantendrán vivo el recuerdo de su hermano y jamás pararán de publicar sus fotos en sus redes sociales o donde sea, pero esa lucha que implica litigar con la lenta y ciega justicia ya no la quieren dar. Salvo, salvo, que «aparezca un testigo», alguien que diga dónde está el joven desaparecido, que hallen su cuerpo o que el tribunal deje sin efecto el fallo de noviembre, solo en esas circunstancias renovarán sus fuerzas y le pondrán otra ficha a la justicia del hombre. Pero hasta entonces optaron «cerrar» esa etapa. Quizás, quién sabe, la respuesta del Superior Tribunal de Justicia les confirme que no todo está perdido.
