Gravedad institucional, daño económico y una red que operó con impunidad durante años. Así puede resumirse el caso por el cual este viernes la Justicia provincial condenó a Paola Tonelli y José Toledo a cuatro años de prisión efectiva. Ambos fueron hallados culpables de falsificar y comercializar certificados médicos apócrifos con los que cientos de agentes estatales justificaron inasistencias laborales y cobraron sueldos sin trabajar.
El fallo fue emitido por el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, conformado por José Luis Flores (presidente), Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis. La sentencia los encontró coautores de los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso real con defraudación a la administración pública, afectando tanto a la fe pública como a los fondos del Estado.
El caso puso en evidencia un comportamiento sistemático, profesional y sostenido en el tiempo. La fiscal de juicio Virginia Palacios había solicitado siete años de prisión, y describió la maniobra como una verdadera “empresa criminal” con “clarísima división de tareas”, basada en pruebas que incluían chats, audios, boletas de pago, allanamientos y testimonios clave. La red funcionaba con una lógica comercial: ofrecían los certificados por redes sociales y WhatsApp, cobraban por día de inasistencia —llegando hasta los $16 mil— y entregaban los documentos falsificados a domicilio.
La investigación reveló que más de 90 agentes estatales se valieron de estos certificados para simular enfermedades y no asistir a sus puestos. Muchos de ellos fueron sancionados administrativamente o directamente despedidos, en una trama que dejó al descubierto una cultura de la impunidad disfrazada de broma. “Parecía una picardía, pero fue una estafa multimillonaria”, sintetizó una fuente cercana al caso.
La querella, representada por el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideró la resolución judicial como “muy positiva” y recordó que el perjuicio al erario público superó los 25 millones de pesos, sólo considerando los certificados detectados hasta ahora. “Cada documento falso fue una traición al contrato de confianza con el Estado. La impunidad con la que operaron fue alarmante”, sostuvo.
Una red sostenida aún después de ser imputados
Lo más grave es que, según consta en la causa, Tonelli y Toledo continuaron con las operaciones delictivas incluso después de haber sido imputados y notificados por la Justicia. Se probó que siguieron vendiendo certificados falsos tras haber declarado ante el juez de Garantías, utilizando plataformas como Mercado Pago y entregas vía delivery.
La dimensión del daño quedó clara en el testimonio del director de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, Alberto Sibert, quien indicó que Toledo —empleado de maestranza en la Escuela Juan Tulio Zavala— presentó 95 certificados truchos y acumuló 213 días de ausencias. El uso de documentos apócrifos no se limitaba al ámbito educativo: también alcanzó aptos médicos para la Liga de Fútbol, formularios de ANSES, libretas sanitarias y constancias laborales.
“El fraude fue sostenido, profesionalizado, y sin remordimientos”, advirtió la fiscal Palacios, y resaltó el informe caligráfico de la División de Delitos Complejos, que detectó 46 certificados firmados falsamente a nombre de un mismo médico, quien finalmente impulsó la denuncia.
El daño a los que sí cumplen
Más allá del impacto económico, el caso afectó la moral institucional. “Hay miles de empleados públicos que cumplen con su tarea todos los días, presentan documentación verdadera y respetan las normas. A ellos también se los traicionó”, señaló Calderón Salomón durante los alegatos. La intervención de la Fiscalía de Estado respondió justamente a la necesidad de proteger ese bien colectivo que es la confianza en la administración pública.
Absuelta por falta de pruebas
La tercera imputada, Graciela Apaza Señani, fue absuelta tras el retiro de la acusación fiscal. El tribunal consideró que no había evidencia suficiente para probar su participación consciente en los delitos. La investigación determinó que su rol se limitó a tareas de impresión y que no tenía vínculos delictivos con la pareja. Su defensa, sin embargo, subrayó los daños morales y laborales sufridos durante el proceso judicial.
Una advertencia con consecuencias
El fallo deja un precedente fuerte: la comercialización y utilización de certificados médicos falsos no es una travesura ni una viveza criolla, sino un delito grave que compromete recursos públicos y destruye la confianza institucional. La Justicia dejó claro que este tipo de conductas tiene consecuencias penales concretas.
“La estructura fue tan aceitada que incluso después de estar imputados, seguían operando. Esto no fue un error ni una improvisación. Fue un sistema delictivo montado para lucrar con la mentira y burlar al Estado”, concluyó Calderón Salomón. La sentencia, además de condenar a los autores materiales, funciona como advertencia para quienes, desde adentro del Estado, creyeron que podían formar parte de la maniobra sin rendir cuentas.
