Desde la mañana hasta la tarde de este viernes, por orden del fiscal instructor José Olguín, allanaron un domicilio de Justo Daract que se presentaba ante el público como una residencia para la tercera edad pero que, en realidad, pareció ser un geriátrico del horror. Hallaron a ocho ancianos desnutridos, enfermos, hacinados, sucios, con temor a hablar porque si lo hacían las encargadas del lugar volverían a pegarles o a atarlos a la cama. Los rescataron a todos y demoraron a la dueña del asilo y a su hija, informó Olguín.
La residencia quedó al descubierto el jueves, cuando una mujer se acercó a la comisaría de Justo Daract y denunció las condiciones inhumanas a las que eran sometidas las personas de avanzada edad que estaban en ese geriátrico. «Se hizo una investigación rápida, confirmamos el maltrato y ordenamos el inmediato allanamiento», resumió el representante del Ministerio Fiscal. El asilo del terror está situado en Hipólito Yrigoyen, entre calles San Martín y Rivadavia, especificaron los voceros policiales.
La requisa, que contó con la colaboración de hasta un médico forense para corroborar el estado de salud de las víctimas, empezó alrededor de las 9. Fueron siete horas de inspeccionar un lugar que no dejaba de espantar a los investigadores.
«Hallamos una cama en la que todavía estaban los trapos que usaban como cuerda para atar a un hombre, y después encontramos otra cama con otros trapos así», detalló. Olguín dijo que los adultos mayores tenían miedo de hablar porque las ahora demoradas los habían amenazado con pegarles y hasta con hacerlos meter presos.
El estado de desnutrición de los ancianos, todos de más de 80 años, era muy avanzado. «Los tenían prácticamente muertos de hambre. Por ejemplo, para hoy, tenían planeado alimentar a las ocho personas con tres milanesas», señaló el fiscal, quien hasta puso en duda si los abuelos recibían sus medicamentos.
Los ocho estaban encerrados en un espacio de unos 50 o 60 metros cuadrados y sin aire acondicionado. Dormían casi desnudos debido al sofocante calor. Esta mañana, cuando los policías allanaron la residencia y los encontraron en sus camas, lo primero que hicieron los ancianos fue rogarles por «agua y pan».
Además de las condiciones infrahumanas en las que estaba esa gente, el lugar ni siquiera estaba habilitado como asilo. «Era ilegal. Habían tramitado el permiso en 2018, pero no se lo dieron. Igualmente siguieron funcionando y hasta llegaron a tener unas 20 personas ahí», comentó Olguín.
Rehenes
«Soy libre», manifestó con desahogo uno de los ancianos, cuando los policías le dijeron que ya podían irse del geriátrico. «Dos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital e internados. Los tenían muertos de hambre. En todo lugar no encontramos comida, ni para hacer un té. Algunos no se podían ni mover porque tenían los cuerpos entumecidos, con contracturas, de tanto estar sentados», explicó el fiscal.
Respecto al futuro procesal de la dueña de la residencia y su hija el abanico de delitos que podría caberles es muy amplio. Podrían ser imputadas por amenazas, estafa, abandono de persona, coacción, reducción a la servidumbre, porque las víctimas eran «rehenes», entre otros delitos, señaló.
No obstante el fiscal aclaró que todavía hay mucho que investigar. Dijo que deben dialogar con los ancianos y ampliar varias declaraciones. Eso último incluye hablar con sus familiares, puesto que a algunos abuelos «nadie iba a buscarlos y podría haberles pasado cualquier cosa», sin que nadie se enterara.
