La deforestación sigue avanzando en el norte del país. Un nuevo relevamiento satelital de Greenpeace detectó que entre enero y septiembre de este año se desmontaron 73.224 hectáreas de bosque nativo en cuatro provincias del Gran Chaco argentino, una de las regiones de bosques secos más importantes de Sudamérica.
La organización, que desde hace años habla de una emergencia forestal en la zona, aclaró que la cifra no significa que todo ese desmonte haya sido ilegal. Sin embargo, advirtió que muestra que la pérdida de bosques no se frena.
Santiago del Estero, la provincia más afectada
Santiago del Estero concentra casi la mitad de lo desmontado, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total. Le siguen Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%); Chaco, con 9.339 (12,8%); y Formosa, con 8.395 (11,5%).
Los datos también muestran que el desmonte no paró en invierno. En el primer semestre se habían perdido 40.862 hectáreas, y entre julio y septiembre se sumaron otras 32.362.
Un fondo muy por debajo de lo que fija la ley
La Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece un fondo para compensar a las provincias y a los propietarios que conservan bosques. Según su artículo 31, ese fondo debe recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agropecuarias y forestales del año anterior, entre otros recursos.
Greenpeace sostiene que el Gobierno viene incumpliendo ese piso, y el proyecto de Presupuesto 2027, presentado en septiembre, va en la misma línea. Con un gasto total previsto de 202 billones de pesos, solo el 0,3% equivaldría a unos 606.304 millones. Pero el fondo recibiría 24.668 millones, apenas el 4% de ese mínimo, sin contar lo que corresponde por retenciones.
Los cambios que propone el Gobierno
La Ley de Bosques divide los bosques en tres categorías. La roja corresponde a los de mayor valor ambiental, que no se pueden tocar. La amarilla permite un aprovechamiento sostenible, pero no el desmonte. La verde admite cambios en el uso del suelo, siempre que se cumplan requisitos ambientales.
La propuesta oficial plantea que, en la categoría verde, ya no haga falta una autorización previa para desmontar, sino que alcance con informarlo. Además, busca modificar el artículo 14 para que la prohibición expresa de desmontar rija solo en la categoría roja, y no en la amarilla.
En la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático de Glasgow, en 2021, Argentina se comprometió a detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. Los números muestran que esa meta está lejos. Y el impacto va más allá de los árboles: el desmonte altera los ciclos del agua, degrada los suelos, destruye hábitats y afecta a las comunidades que viven de estos ecosistemas.
