En las maniobras de la ex secretaria de Deportes actuaron otros cuatro funcionarios que, como ella, también integraban el club. Investigan si habían formado una asociación ilícita.
Atendían de ambos lados del mostrador. De un lado recibían lo que daban del otro. Y lo que daban no era suyo, sino los dineros públicos de los sanluiseños. Así funcionaba el sistema que habían armado la ex secretaria de Deportes de la provincia, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, y otros cuatro funcionarios. Lo último que hizo la funcionaria albertista, el último día hábil de su gestión, fue transferir a su propio club 290 millones de pesos de las cuentas del Estado provincial, denunció el secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno de San Luis, Ricardo Bazla.
Aun sin ánimo de anticiparse a los resultados de una investigación que recién comienza, su formación de abogado le hace pensar al recién asumido funcionario que la ex secretaria de Deportes y sus cuatro colaboradores habían conformado una asociación ilícita, una organización creada con el fin de cometer delitos.
Bazla explicó que Cintia Ramírez, a la vez que secretaria de Deportes era presidente del Ente Deporte San Luis, el organismo que manejaba el dinero público, y además era presidenta del San Luis Fútbol Club. “El último día hábil de gestión de Ramírez en la Secretaría, el jueves 7 de diciembre, hizo un aporte, así aparece definido en los documentos, por 290 millones de pesos al club que ella preside”, expuso.
Es decir, “actuó de los dos lados del mostrador, del lado que entrega el dinero, como secretaria de Deportes y jefa del Ente Deporte, que proveía los fondos, y del lado que recibe el dinero, del lado del San Luis Fútbol Club”.
Los primeros pasos de la investigación ya le permitieron al secretario de Ética Pública saber que en esa maniobra “participaron otros cuatro funcionarios, que a la vez eran dirigentes de ese club”.
“Me refiero a Javier Santágatta –detalló–, que se desempeñaba al mismo tiempo como gerente general del Ente Deporte San Luis y revisor de cuentas de San Luis Fútbol Club; Agustín Alessio, jefe del Programa de Centros Deportivos, que también es mánager del club; Miriam Leguizamón, que es secretaria privada de Cintia Ramírez, jefa de Compras del Ente Deporte y también vocal primera del San Luis Fútbol Club; y también Vilma Brito, jefa del Programa Eventos Deportivos y al mismo tiempo vocal segunda del club”.
Es decir, abundó, “cinco funcionarios que de una u otra manera han participado de esta transferencia que ha hecho el gobierno de la provincia, con el dinero de todos los sanluiseños, al club que ellos integran”.
El secretario de Estado, que tiene como función controlar la gestión del Ejecutivo, señala que “cuanto menos se ha roto el principio de igualdad, porque el resto de los clubes de la provincia, que se caracterizan por el esfuerzo de familias enteras, de los jugadores, de la gente que entrena, de la gente que hace deportes o cualquier actividad cultural, que lo hacen con pleno esfuerzo, están totalmente desfavorecidos con esta conducta administrativa, entre comillas delictiva, en que han incurrido estos funcionarios”.
Bazla va a analizar el caso en profundidad con el nuevo fiscal de Estado, Víctor Endeiza, para definir las acciones judiciales o las medidas a adoptar: “Hay responsabilidades que no se pueden eludir. Ramírez también tiene responsabilidad en el club, ante la Dirección de Personas Jurídicas, el organismo natural de control, y también va a tener responsabilidades frente a la secretaría que está a nuestro cargo. Porque la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, dentro de sus competencias, tiene precisamente la facultad de hacer un seguimiento de la utilización de los dineros públicos por parte de entidades privadas”, dijo.
Intimaron a ex funcionarios porque la casa no está en orden
Lo de Ramírez y compañía no es lo único que han descubierto los funcionarios de la administración entrante, dijo ayer el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, en una entrevista con Radio CNN San Luis. Es apenas un botón que sirve de muestra. Bazla dijo que todo lo que van conociendo sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios de Rodríguez Saá es tan grave que tiene la fuerza de un impacto. Además, ninguno cumplió con la ley de protocolo de continuidad de gestión, con la que la provincia cuenta desde 2010. Esa norma exige a los funcionarios salientes a dejar un informe de gestión a su sucesor. Ninguno lo ha hecho. Ya los intimaron a través de cartas documento y es posible que los denuncien penalmente.
Los salientes deben informar “por escrito los planes de gobierno que están en ejecución, el presupuesto, cómo se ha ejecutado, es decir, de qué manera se ha gastado el dinero de los sanluiseños, cuál es la nómina de personal, el inventario de los bienes, cuáles son los contratos que están en curso”, dijo Bazla. Con la norma en sus manos, el gobernador Claudio Poggi “nos instruyó y cada ministro, cada secretario de Estado, empezó a averiguar en su ministerio. Nos vimos con que no había absolutamente nada, nadie había dejado ningún tipo de informe”, aseguró.
En consecuencia, enviaron intimación “a cada ex funcionario, para que en un plazo de 48 horas presente el informe en el ministerio o la secretaría que ha ocupado”.
El secretario de Ética Pública mantiene reuniones frecuentes, estos días, con el nuevo fiscal de Estado, “para analizar las medidas de orden judicial que se van a tomar”.
Ante la falta de información de los funcionarios que dejaban sus cargos, los nuevos debieron apelar a la colaboración del personal de la administración pública. “Desde el lunes a primera hora estamos hablando son los empleados públicos, que nos están brindando una colaboración extraordinaria, no solo en cuestiones formales sino en cuanto a testimonios”, dijo Bazla.
Y contó. “Por ejemplo, nos dan información de que en tal oficina ‘había dos aires acondicionados y tal funcionario se los llevó’; o “en esta repartición había un grupo electrógeno, acá están las facturas, las compró la provincia en tal fecha y tal funcionario se los llevó’”.
“Cosas de esta naturaleza –señaló el funcionario– nos estamos encontrando en esto que nos encomendó el gobernador Poggi de averiguar dónde estamos parados. Bueno, estamos parados diría que a la inversa de lo que dijo una vez el presidente (Raúl) Alfonsín, de que ‘la casa está en orden’, en San Luis la casa no está en orden”.
