Inseguridad: los jueces no aplican la reiterancia y «la puerta sigue girando» para los delincuentes

“La importancia de la ‘Ley de Reiterancia’ es que al segundo delito doloso que un ciudadano comete, el juez tiene la facultad de meterlo preso, que esté con prisión preventiva y no se dé lo que todos llamamos ‘la puerta giratoria’», manifestó, esperanzado, el gobernador Claudio Poggi, cuando firmó la promulgación de esa norma, el martes 30 de julio del año pasado. Casi ocho meses después, «la puerta sigue girando», porque los jueces de Garantía de San Luis parecen no tener en cuenta esa herramienta jurídica que les permite poner a la población al resguardo de los delincuentes: de 1.169 detenidos por diversos delitos solo dictaron prisión preventiva a 188. Es decir, apenas el 16,8% terminó en la cárcel.
Una de las principales políticas que el primer mandatario ha trazado para su gestión es el combate de la inseguridad. Y entiende que la ‘Ley de Reiterancia’ es una herramienta fundamental para que la Justicia actúe, cuando la seguridad es una de las mayores demandas de los ciudadanos. Eso incluye la prevención de que una persona investigada por más de un delito no quede en libertad, porque eso implica varios riesgos: elude a la Justicia porque no se presenta a las audiencias o directamente se fuga; amenaza a sus víctimas para que no declaren contra él o vuelve a delinquir.
Distintos casos confirman este diagnóstico. Uno de los más recientes es el de Valentín Pellegrini, un joven del barrio José Hernández. Procesado por varios delitos del año pasado, por los cuales será juzgado en abril, en febrero se vio involucrado en otros, por los cuales fue detenido e imputado. Pero la jueza de Garantía Natalia Lazarte Otero le concedió prisión domiciliaria, en vez de enviarlo a la Penitenciaría, como solicitaba el fiscal N° 3 Esteban Roche. El último fin de semana largo habría participado junto a su hermano -que estaba prófugo de la Justicia- en nuevos ilícitos cometidos cuando ya podría haber estado encarcelado de manera preventiva.
En los tribunales de San Luis “evidentemente no están aplicando la Ley de Reiterancia que se incorporó el año pasado al Código de Procedimiento Penal», manifestó anteayer, en conferencia de prensa, el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo. «¿Por qué?», se preguntó. E ironizó: «No lo sé, tal vez los fiscales no tengan la versión actualizada del Código”.
Hay diez jueces de Garantía en la provincia, con respectiva competencia en las tres circunscripciones judiciales que abarcan todo el territorio provincial y tienen cabecera en San Luis, Villa Mercedes y el Valle del Conlara.
En San Luis, Juan Manuel Montiveros Chada, María Agustina Dopazo Samper, Marcos Gabriel Flores Leyes y Natalia Belén Lazarte Otero.
En Villa Mercedes, Alfredo Osvaldo Cuello, Matías Manuel Farinazzo Tempestini, Mirta Noemí Ucelay y Santiago Andrés Ortiz.
En Concarán, Nicolás Damián Cóppola, y en Santa Rosa, Jorge Osvaldo Pinto.
En la conferencia del martes junto a Berruezo, el jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, detalló que “un total de 1.169 personas fueron detenidas por delitos flagrantes y puestos a disposición de las fiscalías en la órbita judicial. De todas ellas, solo a 188 se les dictó la prisión preventiva, el resto recuperó la libertad en 24 o a lo sumo 48 horas, los menos en 72 horas, por lo que la ciudadanía requiere una respuesta”.
“Yo soy la voz de la Policía, que está volcando todos los recursos humanos y logísticos para combatir y prevenir el delito”, agregó el responsable de la fuerza de seguridad provincial.
Detalló que “la Policía tiene dos funciones, una preventiva, a la que tenemos que apostar; y otra como auxiliar de la Justicia”. En tanto el fiscal, de acuerdo al Código de Procedimiento, “es el director técnico de la investigación, es quien la dirige”. Y recordó que «la prisión preventiva es una medida provisoria que puede durar hasta 120 días, no determina una condena”.
Vieytes resaltó que la premura con que los magistrados liberan a los detenidos desmoraliza a los efectivos policiales, ya que «antes de que ellos terminen el expediente los imputados están en libertad”.
Mostró su malestar ante el exceso de prisiones domiciliarias otorgadas por los jueces: “En términos operativos, para la Policía significa desgaste, insumo de recursos mal utilizados que le tengo que restar a otras áreas, por ejemplo acciones preventivas para la comunidad en general. Todo para brindarle garantía y seguridad a un sujeto en particular», dijo.
«En números -abundó-, para poner un simple ejemplo, una sola consigna (custodia), con un efectivo por turno, me significa cuatro efectivos, porque no lo puedo tener más de ocho horas. Necesita ir al baño, saciar sus necesidades. No lo puedo poner en un espacio físico de esos que nosotros policialmente llamamos zonas calientes”.
En ese punto, el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad señaló que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tiene capacidad para recibir a las 1.169 personas que cometieron un delito en los últimos seis meses, la mayoría de las cuales fue liberada. “La Justicia no puede decir que dejan de aplicar preventivas porque van a llenar la penitenciaría de presos. Debe cumplir su función. Después le tirás la pelota al Ejecutivo para que mejore, si es que hace falta”, dijo.