La posibilidad de actuar antes de que una persona atraviese una situación de peligro inminente es uno de los cambios más importantes que propone la reforma de la Ley de Salud Mental. Así lo explicó este miércoles la senadora nacional por San Luis Ivanna Arrascaeta, quien destacó que las modificaciones buscan ofrecer respuestas a miles de familias argentinas que enfrentan situaciones complejas vinculadas con la salud mental de alguno de sus integrantes.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora detalló los principales puntos del proyecto y puso especial énfasis en el nuevo criterio que se propone para las intervenciones médicas.
“Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, sostuvo Arrascaeta.
Actualmente, uno de los aspectos más discutidos de la legislación es el criterio utilizado para determinar cuándo corresponde una internación involuntaria. La reforma plantea que los equipos de salud puedan intervenir cuando determinadas conductas permitan advertir que una persona podría hacerse daño o perjudicar a terceros, incluso si no se encuentra en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación.
El objetivo es evitar que las familias y los profesionales deban esperar hasta que se produzca una situación de extrema gravedad para adoptar medidas de protección y tratamiento.
Más participación de los profesionales de la salud
Otro de los ejes de la propuesta es el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, integrados por psicólogos, psiquiatras y otros especialistas.
Arrascaeta explicó que las modificaciones reconocen expresamente la participación de los psicólogos tanto en las evaluaciones como en las decisiones relacionadas con las altas médicas.
También se incorporan disposiciones destinadas a garantizar la capacitación permanente y mejorar la protección de los trabajadores de la salud mental.
En materia de internaciones, el proyecto introduce cambios en la intervención de la Justicia. Cuando una internación sea involuntaria, el juez deberá ser notificado y tendrá facultades para solicitar informes y peritajes, aunque la determinación de la necesidad médica quedará en manos de los profesionales correspondientes.
En las internaciones voluntarias, en cambio, se elimina la obligación de efectuar una notificación judicial.
Además, se propone ampliar de 24 a 48 horas el plazo para comunicar determinadas internaciones.
Más herramientas para las provincias
La senadora puntana destacó especialmente la restitución de mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera entre la Nación y las provincias.
La iniciativa también contempla la posibilidad de realizar teleconsultas en aquellas localidades donde no existan profesionales especializados disponibles.
Esta herramienta busca facilitar el acceso a la atención en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la disponibilidad de psiquiatras y otros especialistas suele ser limitada.
Las adicciones y el acompañamiento a las familias
La reforma también amplía el concepto de adicciones para incorporar problemáticas como la ludopatía, una conducta vinculada con el juego compulsivo que puede ocasionar graves consecuencias personales, familiares y económicas.
Otro de los aspectos abordados es la participación de las familias en los procesos de atención y tratamiento.
El proyecto delimita qué familiares estarán habilitados para intervenir y establece que el Estado deberá brindar acompañamiento a las personas que no cuenten con una red familiar de contención.
Asimismo, incorpora garantías específicas para niños y adolescentes, entre ellas el derecho a recibir información, ser escuchados y acceder a tratamientos adecuados a su edad y situación particular.
Estas disposiciones contemplan el respeto por la autonomía progresiva y la confidencialidad de los pacientes.
Internaciones prolongadas y seguimiento de los pacientes
Entre las modificaciones también figura la prohibición de las prácticas manicomiales y la incorporación de planes de egreso y seguimiento para quienes permanezcan internados durante períodos prolongados.
El proyecto considera prolongadas aquellas internaciones que superen los 180 días consecutivos y propone establecer mecanismos de acompañamiento para facilitar la continuidad de los tratamientos fuera de las instituciones.
Otra novedad es el reconocimiento de las directivas anticipadas en salud mental. Este instrumento permite que una persona exprese previamente, cuando se encuentra en condiciones de hacerlo, su voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos ante una eventual situación futura que afecte su capacidad de decisión.
Arrascaeta sostuvo que las modificaciones son el resultado de un amplio proceso de debate y revisión de la iniciativa.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, afirmó.
La legisladora aseguró además que las reformas recibieron una respuesta favorable de miles de familias argentinas que atravesaron situaciones difíciles relacionadas con la salud mental.
Con la prevención como uno de sus principales fundamentos, el proyecto busca modificar los criterios de intervención, fortalecer la participación de los profesionales y ampliar las herramientas de acompañamiento para los pacientes y sus familias.
