La causa penal contra la exsecretaria de Deportes de la gestión del gobernador Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, fue elevada a juicio por la jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, este jueves. La exfuncionaria, procesada por varios delitos contra la administración pública, enfrenta un pedido de condena a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ramírez, que según la investigación judicial “atendía de ambos lados del mostrador”, porque como responsable de Deportes se concedía dinero del Estado a sí misma, como presidenta de un club, afronta cargos por fraude a la administración pública (artículo 174, inciso 5° del Código Penal Argentino), negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). La fiscalía considera que, en el caso, los delitos están en concurso ideal y real.
El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat Alí, que intervino en la pesquisa judicial, describió que Ramírez fue simultáneamente secretaria de Deportes, presidente del Ente Deporte San Luis y también presidente del San Luis Fútbol Club. Y que, desde estos roles, realizó maniobras irregulares con fondos del Estado. Entre las acusaciones figura la compra de un colectivo con sobreprecio.
Según el relato que hizo el fiscal, en la audiencia de control de acusación, la imputada asumió el cargo el 16 de marzo de 2022 y, en menos de un mes, promovió la creación del Ente de Deporte San Luis, que recibió un aporte no reintegrable de 280 millones de pesos. Seis meses después, el 6 de octubre de 2022, fundó la asociación civil San Luis FC, presidida por ella misma, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a la vez, dirigía el Ente público mencionado.
“En ese momento comienzan a darse acciones o conductas que entendemos constituyen delitos”, narró Assat Alí. Y explicó que entre 2022 y 2023, realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado, por un total de más de 166 millones de pesos, para cubrir gastos como transporte, viandas, electrodomésticos y regalos empresariales.
“En definitiva, cualquier gasto que tuviera El San Luis de FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes, dirigida por Ramírez, y canalizados por el Ente de Deporte, presidido también por ella. Naturalmente, estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares”, cuestionó el fiscal.
Un colectivo demasiado caro
En su acusación, Assat Alí dijo que, apenas días antes de dejar su cargo, en diciembre de 2023, Ramírez gestionó la compra de un colectivo usado por casi 290 millones de pesos, con un sobreprecio estimado en 175 millones, según la tasación oficial.
“Se trató de un colectivo marca Volvo, modelo 2018, en deplorable estado de conservación, con casi un millón de kilómetros. La cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo que se inició el 1° de diciembre del 2023, es decir, nueve días antes de que Ramírez dejara el cargo de funcionaria pública”, comentó el titular de la Fiscalía 1.
La fiscalía calificó los hechos en dos bloques. Respecto a las transferencias, Assat Alí dijo que se acusa a Ramírez de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal). Inicialmente se había planteado la figura de malversación de caudales públicos, y la querella, representada por el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, había solicitado sumar el delito de peculado (artículo 261).
Para unificar la acusación y evitar superposición de figuras legales, se convocó a una audiencia con el Procurador General de la Provincia de San Luis, quien resolvió que el tipo penal aplicable es el de peculado. En consecuencia, el Ministerio Público desistió de la imputación por malversación.
Además, tanto este hecho como otros vinculados con la compra del colectivo fueron encuadrados como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, defensores de la exfuncionaria provincial, plantearon la nulidad de la acusación formal, por considerar que vulnera principios procesales fundamentales, como el derecho de defensa y el principio de congruencia. La defensa denunció que de las 188 órdenes de pago incluidas en la acusación no todas corresponden al San Luis Fútbol Club, como sostiene la fiscalía, sino a otras disciplinas y beneficiarios. Esto, advirtió, desvía el objeto del proceso y rompe la congruencia entre el hecho imputado y las pruebas ofrecidas.
Además, el defensor hizo foco en una modificación sustancial de la calificación legal: se sustituyó el delito de malversación de caudales públicos por el de peculado, sin que se convocara nuevamente a la imputada a ejercer su defensa.
“No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado. Entonces, la acusación es nula. Hay que traer a Ramírez para que se defiendan del peculado”, reclamó el abogado.
Luego de escuchar a la defensa, la jueza Banó solicitó un cuarto intermedio para resolver el planteo. Finalmente resolvió rechazar el planteo de nulidad presentado por los defensores de Ramírez, que no tendrá más opción que enfrentar el juicio en su contra.
