La Cámara de Diputados sancionó la derogación de la Ley provincial de Desfederalización de Causas por Narcomenudeo. La iniciativa contó con 24 votos afirmativos. La norma, sancionada en 2022 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, establecía que los delitos menores vinculados al narcomenudeo -como la venta, entrega o suministro de estupefacientes en pequeñas dosis- fueran investigados y juzgados por la Justicia provincial en lugar de la Justicia Federal. Sin embargo, nunca llegó a implementarse: no se elaboraron protocolos de actuación, no se crearon los organismos previstos, ni se designaron jueces y fiscales especializados.
Según fundamentaron los diputados del oficialismo el esquema de desfederalización que se intentó aplicar no dio resultados positivos en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta. Según estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), este sistema provocó un aumento de causas por tenencia simple y consumo personal, debilitando al mismo tiempo la persecución de delitos complejos vinculados al narcotráfico.
Es más, al momento de presentar su “idea” al gobierno nacional, el entonces ministro de Seguridad Luciano Anastasi había recibido el rechazo de su par nacional, Aníbal Fernández. Pese a eso, la anterior decidió avanzar con una ley que presentó como una “solución” al problema del narcotráfico.
En ese mismo sentido el diputado Carlos ‘Charly’ Pereira criticó esta medida impulsada por Rodríguez Saá, recordando que incluso el ex procurador general Luis Martínez advirtió que la norma “no tendría un final favorable”. Martínez -dijo el diputado- señalaba que ni fiscales ni jueces contaban con la formación específica en narcomenudeo, lo que representaba un gran obstáculo para una adecuada persecución del delito” recordó.
Apenas asumida la actual gestión la norma fue suspendida. Y se avanzó en otros caminos: San Luis logró avances en la lucha contra el narcotráfico a través del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales (desembarcó Gendarmería) , y la intervención de la Justicia Federal. Con ese abanico de argumentos los legisladores sancionaron ayer la derogación de la ley que había enviado el gobernador Claudio Poggi.
