La “Casta Judicial” de San Luis reclama sueldos de privilegio

El reclamo judicial exhibe la lógica de una Justicia que, en lugar de velar por los derechos de la ciudadanía, parece más preocupada por defender sus propios privilegios.
31 de marzo de 2025
Justicia San Luis
La Jueza Ana Belén Villegas.

La Jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, Ana Belén Villegas hizo lugar a un amparo presentado por un grupo de jueces y funcionarios judiciales para asegurarse aumentos salariales que ellos mismos dispondrían y muy por encima de la realidad económica de la provincia.

Se trata de Nora Villegas, Alejandra Nava, Lorena Baez, Claudia Suárez y María Soledad Galli, quienes en diciembre de 2024, presentaron una acción de amparo contra el Estado Provincial argumentando que sus sueldos no se ajustan de manera proporcional al costo de vida. Alegan que esto vulnera la intangibilidad de sus remuneraciones, un principio que, según su interpretación, “los blinda” de cualquier ajuste en tiempos de crisis.

La Fiscalía de Estado había rechazado esa demanda y calificado el reclamo como una estrategia corporativa para mantener sus privilegios en un contexto donde la mayoría de la población debe ajustarse a la situación económica.

El Estado no puede otorgar aumentos sin considerar el presupuesto general ni las necesidades del resto de los trabajadores públicos, cuyos sueldos no tienen la misma protección que los de los jueces.

Por su parte, la Jueza Villegas hizo lugar al planteo de las amparistas  y “emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo provincial que en el período de noventa (90) días, implementen un nuevo mecanismo que restablezca efectiva y definitivamente la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios accionantes, a través de la recomposición de los salarios de las amparistas, que permita la equiparación de las mismas con el promedio de la remuneración de otras jurisdicciones (media nacional) o parámetro equivalente, constituyendo esto una razonable base igualitaria mínima a observar para garantizar la calidad de una vida digna de los accionantes”.

El reclamo judicial exhibe la lógica de una Justicia que, en lugar de velar por los derechos de la ciudadanía, parece más preocupada por defender sus propios privilegios.

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