El comienzo del año volvió a encender alarmas en las finanzas provinciales. La caída de los recursos que llegan desde la coparticipación federal volvió a golpear las cuentas de los distritos y expuso nuevamente la fragilidad de un esquema en el que muchas provincias dependen de manera significativa de los giros automáticos de la Nación para sostener su funcionamiento.
Según datos oficiales, en febrero las transferencias automáticas del Gobierno nacional hacia las provincias alcanzaron los $5,44 billones. Sin embargo, esa cifra implicó una caída real interanual del 7,5% respecto del mismo mes del año pasado. La comparación con enero también muestra un deterioro marcado: el descenso mensual fue cercano al 9,5%.
El retroceso responde principalmente a la caída en la recaudación nacional, que durante el primer bimestre mostró números negativos en nueve de los diez principales impuestos. Ese deterioro impacta de forma directa en los recursos que luego se distribuyen a través del sistema de coparticipación.
El escenario complica la planificación financiera de los gobiernos provinciales, que deben afrontar el inicio del calendario de negociaciones salariales en un contexto de ingresos en baja. En ese marco, el debate por la distribución de recursos vuelve a ocupar un lugar central en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada.
Hasta ahora, desde el Gobierno nacional se ha planteado como alternativa permitir que las provincias accedan a financiamiento mediante la toma de deuda. Sin embargo, para muchas administraciones esa opción resulta insuficiente frente al deterioro de los ingresos corrientes.
A la presión por la caída de los envíos nacionales se suma otro factor: el desempeño desigual de la actividad económica, que también afecta la recaudación propia de las provincias y limita las posibilidades de compensar la baja de recursos provenientes de la Nación.
Además, la estructura del gasto provincial deja poco margen para ajustes bruscos. En la mayoría de los distritos, los salarios del sector público representan la mayor parte del presupuesto, especialmente en áreas sensibles como educación, seguridad y salud.
En medio de este escenario, varios gobernadores —tanto oficialistas como opositores moderados— participaron recientemente de la “Argentina Week” en Nueva York junto al presidente Javier Milei. El objetivo fue reunirse con empresarios estadounidenses para atraer inversiones y explorar alternativas de financiamiento externo que permitan aliviar la presión sobre las cuentas provinciales.
Números en baja
El economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), explicó en declaraciones al diario La Nación que durante el primer bimestre la recaudación nacional registró una caída real interanual cercana a los $3,3 billones.
Entre los tributos que más retrocedieron aparece el IVA, con una merma estimada en $1,68 billones, seguido por los derechos de exportación y los aportes y contribuciones a la seguridad social. El único impuesto que mostró una mejora fue el vinculado a los combustibles.
De acuerdo con ese análisis, los recursos que permanecen en manos del Estado nacional se redujeron alrededor de 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos destinados a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron cerca de 7,6%.
En valores actualizados a febrero, la Nación habría dejado de percibir aproximadamente $2,4 billones, mientras que las provincias registraron una pérdida cercana a $930.000 millones.
a recaudación del IVA se menciona la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero aplicada el año pasado, además del adelantamiento de importaciones registrado en el segundo semestre de 2025. Ambos factores también incidieron en la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
De cara al resto del año, las proyecciones muestran un escenario incierto. En una estimación pesimista, las transferencias totales de la Nación hacia las provincias podrían reducirse hasta un 2,5% en términos reales.
Un problema que viene desde 2025
Para Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, el retroceso observado en 2026 no constituye un fenómeno aislado. Según señaló, se suma al desempeño débil que ya había mostrado la recaudación durante 2025, cuando la recuperación económica fue desigual entre sectores y no logró recomponer plenamente el valor real de los recursos coparticipados.
A ese escenario se suma otro dato relevante: las transferencias nacionales por fuera del sistema de coparticipación también registraron una caída marcada en el primer bimestre del año, con un descenso cercano al 45%, lo que agrava la situación fiscal de los distritos.
Diversos análisis señalan que el deterioro de las cuentas provinciales comenzó a hacerse más visible desde mediados del año pasado.
Durante la primera parte de 2025 varias jurisdicciones lograron sostener cierto equilibrio fiscal gracias a políticas de contención del gasto aplicadas tras el fuerte ajuste de 2024.
Sin embargo, esa dinámica empezó a modificarse en el segundo semestre de 2025, cuando los ingresos comenzaron a desacelerarse en términos reales mientras el gasto provincial volvió a expandirse.
Parte de ese fenómeno estuvo vinculado al calendario electoral, que históricamente suele impulsar mayores niveles de gasto tanto en erogaciones corrientes como en inversión pública.
El economista Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea, sostuvo que el esquema económico nacional apunta a reducir impuestos, lo que implica que un crecimiento fuerte de la recaudación no aparece como un objetivo central del modelo.
El desafío de sostener el equilibrio
La estructura del gasto marca además una diferencia importante entre Nación y provincias. Mientras que el gobierno nacional concentra gran parte de su presupuesto en jubilaciones y programas sociales, las administraciones provinciales destinan la mayor parte de sus recursos al pago de salarios estatales.
En este contexto, los especialistas coinciden en que sostener el equilibrio fiscal provincial exigirá nuevas estrategias de gestión. Entre ellas se mencionan mejoras en la eficiencia del gasto público y cambios en la prestación de servicios sin expandir las plantillas estatales.
Los primeros datos disponibles sobre el cierre fiscal de algunas provincias en 2025 muestran un margen de maniobra cada vez más estrecho. En varios casos se registraron resultados financieros negativos o una reducción significativa de los superávits observados en años anteriores.
Frente a ese escenario, distintos analistas advierten que muchas administraciones podrían verse obligadas a retomar políticas de contención del gasto para preservar el equilibrio de sus cuentas.
