El pronunciamiento del ente se produjo luego de que las principales empresas del sector anunciaron subas muy elevadas y coordinadas en las cuotas los meses de enero y febrero.
La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPNA) expresó ayer su preocupación por los últimos aumentos que impusieron de manera coordinada las empresas de medicina prepaga y advirtió que “este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica”, especialmente a los jubilados. El organismo puso como ejemplo la situación de las personas adultas mayores, quienes, “con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema”.
“Es en ese estadio de la vida cuando más atención requieren del mismo pues, por lo general, todos requerimos ese auxilio en el nacimiento/niñez y en la última etapa de la vida; o sea, durante la mayor parte de la vida el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestador, tan solo los administrativos para percibir la mensualidad que debe hacerse indefectiblemente”, resaltó la Defensoría. Seguidamente, advirtió que “si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos -efectuados además sobre el mayor período de su vida- serían pagos sin causa”.
Las principales empresas del sector anunciaron aumentos muy elevados y coordinados aumentos en enero y febrero y algunos de sus directivos llegaron a admitir que están dispuestos a perder afiliados en caso de que no puedan las cuotas.
Las firmas lo hicieron a pesar de las múltiples quejas de sus afiliados por las demoras en las concesiones de los turnos para atender diferentes problemas de salud y de las públicas demandas de los profesionales de la medicina por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.
Frente a esta situación, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar “una posible solución con el solo fin de evitar perjuicios a la población que fuere afectada o pudiera serlo en lo sucesivo”.
“Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros”, manifestó la Defensoría en un comunicado.
