La Justicia avanzó sobre uno de los bienes vinculados a Cristina Kirchner y formalizó el embargo preventivo del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple actualmente su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
La medida fue comunicada este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble por el Tribunal Oral Federal N°2, luego de un nuevo planteo realizado por el fiscal Diego Luciani.
El embargo había sido dispuesto en una resolución del pasado 12 de agosto, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La decisión contempla avanzar sobre distintos bienes vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner.
Entre los activos alcanzados aparecen propiedades ubicadas en el Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires, además del hotel La Aldea del Chaltén y otros inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos.
El nuevo pedido del fiscal apunta a preservar el patrimonio que podría quedar sujeto a un eventual decomiso derivado de la causa Vialidad. El monto involucrado asciende a casi $685.000 millones, cifra que surge de la actualización del perjuicio económico establecido en el expediente.
La resolución judicial se suma así a las medidas destinadas a garantizar que, ante una eventual ejecución del decomiso, existan bienes sobre los cuales pueda hacerse efectiva la decisión.
Buscan conocer los movimientos
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien dictaminó la prisión preventiva para Cristina Kirchner pidió conocer todos los movimientos que la expresidenta realizó en el edificio ubicado en San José 1.111, donde se encuentra el departamento en el que cumple su condena.
La solicitud se realiza luego de que una sindicalista de La Cámpora, Soledad Calle, comprara el departamento que se encuentra abajo del piso de la exmandataria. Por lo tanto, el objetivo del magistrado es saber si existe alguna prueba de que la exjefa de Estado fue al departamento de la sindicalista.
“Requiérase a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal”, precisó el texto.
La DAPVE es el organismo encargado de detallar los movimientos que la exvicepresidenta efectúa dentro del edificio como también sus salidas al exterior.
La Justicia frenó un punto de la reforma laboral de Milei
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley 27.802, al considerar que reduce de manera irrazonable el valor de las indemnizaciones laborales y vulnera derechos protegidos por la Constitución.
La decisión fue tomada por la Sala I, integrada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, a partir del reclamo de un trabajador despedido de un lavadero.
El fallo sostiene que el artículo cuestionado afecta los derechos de propiedad e igualdad y genera una situación desfavorable para quienes deben recurrir a la Justicia para cobrar una indemnización. Según Catani, la norma termina provocando una pérdida sustancial del valor del crédito laboral, incluso aplicando el piso mínimo previsto.
El magistrado también consideró que no corresponde trasladar parte de esa pérdida al trabajador bajo el argumento del “esfuerzo compartido”, ya que ejercer el derecho a reclamar judicialmente no puede convertirse en un perjuicio para el trabajador.
La sentencia marca un precedente contra el artículo 55, aunque no implica volver automáticamente al régimen anterior. En su lugar, el tribunal estableció que deben aplicarse los parámetros del artículo 54 de la misma ley: actualización por el IPC más una tasa del 3% anual sobre el capital adeudado hasta su efectivo pago.
