Además, ordenó que entregue su pasaporte y rechazó las apelaciones presentadas por su defensa. Las medidas son “las que más se adecuan a la imputación realizada y las evidencias colectadas”.
El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de Cintia Ramírez con respecto a las medidas tomadas por el juez de Garantía, Marcos Flores Leyes. Ramírez, quien fue secretaria de Deportes hasta el 9 de diciembre, está siendo investigada por varios delitos, incluyendo negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.
El abogado de Ramírez, Ramiro Rubio, presentó un recurso solicitando la nulidad de la formulación de cargos y también se opuso a la prohibición de salir de la provincia y a la inhibición general de sus bienes. Por otro lado, el abogado de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, insiste en que se aplique la prisión preventiva, argumentando que la libertad de Ramírez podría entorpecer la investigación y obstaculizar el proceso debido a un posible intento de fuga. El tribunal, compuesto por Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Laura Molino, decidió confirmar la formulación de cargos y las medidas de coerción propuestas por el fiscal Francisco Assat Alí y establecidas por Flores Leyes.
En relación a la morigeración de las medidas de coerción, señalaron que ya están morigeradas, ya que en la formulación de cargos, Calderón Salomón había solicitado una medida más gravosa, como la prisión preventiva. En cuanto a la inhibición, consideraron que es acorde a los fines de garantizar el proceso y, en su caso, el eventual cumplimiento de la condena, dada la gravedad de los delitos imputados a Ramírez En otro pronunciamiento, el Tribunal de Impugnaciones rechazó la prisión de la ex funcionaria, pero ordenó que entregue su pasaporte y también le prohibió la salida del país.
Los jueces se opusieron a encarcelar a Ramírez bajo el argumento de que “la prisión preventiva es la medida coercitiva más gravosa de nuestro ordenamiento procesal y como tal debe ser la última ratio”. Consideraron también que la prohibición para salir del país, la inhibición de bienes y la firma del libro de imputados durante cuatro meses son “las que más se adecuan a la imputación realizada y a las evidencias colectadas, y resultan razonables y proporcionales a los fines de cautelar el proceso”.
Esta semana, la ex funcionaria volvió a ser denunciada por la fiscalía de Estado. Esta vez fue por incumplir una orden judicial porque salió de la provincia para asistir a una actividad que había sido suspendida el día anterior y se fue a un recital.
