Tras el anuncio, referentes y exfuncionarios destacaron que la decisión sólo podrá concretarse por la vía por la cual el organismo fue creado en 1995.
El Gobierno nacional anunció este jueves que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei y que sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Justicia, que además absorberá al personal del ente que sea “idóneo, responsable y comprometido”.
Referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que “su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”.
La eliminación del organismo estaba contemplado en el artículo 348 de la fallida Ley “Bases”. Decía escuetamente: “Derógase la Ley N° 24.515”. Una de las reacciones más fuertes fue la de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que sostuvo que la medida “atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.
El INADI fue creado en 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención entre enero y diciembre de 2023, recordó que fue creado “luego de los dos grandes atentados terroristas” sufridos en el país contra la embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. “La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”, dijo.
Victoria Donda, extitular del INADIi, dijo que para cerrarlo el Gobierno “debería recurrir a otra ley si es que cree un poquito en la democracia”. El diputado socialista Esteban Paulon, precisó que “el Gobierno no puede tomar unilateralmente” la decisión si no es por medio de una ley, y dijo que las “organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible”.
