La pérdida de puestos de trabajo formales registrada durante los últimos años comenzó a tener consecuencias que van más allá del mercado laboral. Una de ellas se observa en el sistema de salud: cada vez más personas que antes contaban con una obra social o una prepaga recurren ahora a hospitales y centros de atención públicos.
Según datos difundidos por Clarín a partir de un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), desde 2023 alrededor de 1,2 millones de personas dejaron de estar cubiertas por obras sociales, mientras que otro millón y medio aproximadamente perdió su cobertura de medicina prepaga.
El fenómeno está directamente relacionado con los cambios ocurridos en el mercado laboral. Entre fines de 2023 y la primera parte de este año se habrían perdido alrededor de 330.000 puestos de trabajo, una situación que no solamente implica la desaparición de ingresos estables para numerosas familias, sino también la pérdida de la cobertura médica asociada al empleo registrado.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permite dimensionar esa transformación. En 2023, poco más de 18 millones de personas estaban cubiertas por obras sociales y cerca de un millón y medio tenían prepagas. Para el primer cuatrimestre de 2026, la cantidad de afiliados a obras sociales había descendido a unos 17,4 millones, mientras que quienes contaban con medicina privada eran aproximadamente 1,4 millones.
De acuerdo con el análisis citado por el diario, unas 629.000 personas salieron del sistema de obras sociales y otras 105.000 dejaron las prepagas. En conjunto, cerca de 735.000 personas pasaron a depender de la atención pública. Sumadas a quienes ya habían atravesado ese proceso anteriormente, el número acumulado desde 2023 ronda los 1,2 millones.
Más presión sobre hospitales y centros de salud
El traslado hacia el sistema estatal ya se refleja en la demanda de atención. Jorge Colina, presidente de Idesa, señaló que los centros públicos atienden actualmente un promedio cercano a 100 millones de consultas por año, por encima de las entre 90 y 95 millones que se registraban en 2019, antes de la pandemia.
A la pérdida de cobertura se agrega otro fenómeno: el crecimiento del empleo informal. Para quienes trabajan fuera del sistema registrado, el hospital público suele convertirse en la principal alternativa para acceder a prestaciones médicas.
Los últimos datos laborales ayudan a explicar ese escenario. Durante el segundo trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,9%, equivalente a alrededor de 1,8 millones de personas. Al mismo tiempo, el empleo informal llegó al 20,2% y mostró un crecimiento respecto del mismo período del año anterior.
Dentro del total de la población ocupada también cambió la composición del mercado de trabajo: el empleo formal redujo su participación del 56,6% al 54,9%, mientras que el informal aumentó del 43,2% al 45%. En términos absolutos, esto representa más de 550.000 trabajadores adicionales dentro de la informalidad.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto nacional para 2027 contempla un incremento de los recursos destinados a Salud. Según las cifras mencionadas por Clarín, se proyectan $12,8 billones, frente a unos $11 billones previstos para 2026. La suba nominal es del 16%, y comparada con 2023 alcanzaría aproximadamente el 30%.
El desafío será atender una demanda que viene creciendo al ritmo del deterioro del empleo registrado: menos trabajadores con cobertura asociada a su puesto laboral significan más personas dependiendo de hospitales y centros de salud públicos.
