El Gobierno de San Luis dio este viernes un paso decisivo en materia ambiental: firmó un acuerdo con el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) del CONICET para actualizar, después de ocho años de atraso, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Se trata de una herramienta clave que define qué actividades pueden realizarse en cada zona del bosque nativo y con qué nivel de protección, según las categorías de conservación (roja, amarilla y verde) fijadas por la Ley Nacional 26.331.
La actualización no solo busca poner al día un instrumento estratégico para el uso sustentable de los recursos, sino también enfrentar un problema cada vez más alarmante, como la urbanización descontrolada que avanza sobre los piedemontes de las sierras.
La medida llega con una demora significativa: la última actualización se había realizado en 2012 y debía renovarse en 2017. Ocho años después, el Gobierno provincial se propone poner al día un instrumento estratégico que no solo regula el uso sustentable de los bosques, sino que también busca dar respuestas a uno de los problemas más graves y visibles del presente: la expansión urbana desordenada sobre los piedemontes de las sierras.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable advirtió que el avance de la urbanización en los municipios serranos constituye una de las amenazas más serias para el equilibrio ambiental. En particular, se señala la situación de las Sierras Centrales y de los Comechingones, donde barrios privados, loteos irregulares y emprendimientos turísticos han ido ganando terreno en áreas de alto valor ambiental, muchas veces incumpliendo normas vigentes.
El fenómeno no solo compromete la conservación de la biodiversidad, sino también la calidad de vida de las poblaciones actuales y futuras. La pérdida de vegetación nativa en estas zonas críticas acelera la erosión de suelos, reduce la capacidad de absorción de agua de las cuencas y aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos. A ello se suma la presión sobre el recurso hídrico, cada vez más demandado por urbanizaciones en crecimiento.
“El avance sin planificación en los piedemontes es un problema que amenaza tanto la naturaleza como a las comunidades que habitan en estas regiones. Sin un ordenamiento claro, corremos el riesgo de hipotecar los servicios ecosistémicos que garantizan agua, suelo fértil y protección frente a fenómenos extremos”, señalaron desde el equipo técnico del GEA-CONICET.
El nuevo OTBN se construirá a lo largo de varios meses, con instancias de consulta pública, trabajo técnico y análisis interdisciplinario. El objetivo es evaluar el estado actual de los bosques, identificar cambios ocurridos desde 2012 y establecer un marco actualizado de conservación que contemple tanto los criterios ambientales como la realidad social y económica de la provincia. El plan de trabajo definido por los especialistas incluye cinco acciones prioritarias. Nueva cartografía forestal: actualizar la distribución de los bosques nativos mediante imágenes satelitales y relevamientos de campo.
Áreas protegidas: revisar y ampliar la red de reservas naturales, que hoy abarca apenas el 1,7% del territorio provincial.
Recursos hídricos: mapear las zonas proveedoras de agua en las sierras y analizar las principales amenazas a este servicio ambiental esencial.
Expansión urbana: cuantificar y mapear el crecimiento de los municipios desde 1975 hasta hoy, con foco en los piedemontes serranos, para proyectar escenarios futuros.
Zonificación revisada: redefinir, si es necesario, los criterios de conservación (roja, amarilla y verde) con base en la información más reciente.
El punto 4 del plan es el que concentra mayor sensibilidad política y social: por primera vez, el Estado provincial se propone medir con precisión la expansión urbana que ha transformado los paisajes serranos en las últimas cinco décadas.
Los técnicos remarcan que este proceso no ha sido ordenado ni compatible con la normativa vigente. En muchos casos, los municipios han autorizado emprendimientos sin estudios de impacto ambiental adecuados o incluso en contravención con leyes y decretos provinciales.
La consecuencia es visible. Loteos que se extienden en laderas de montaña, fragmentación del hábitat natural, presión sobre las fuentes de agua y un paisaje serrano que pierde su fisonomía original a un ritmo acelerado.
“Sin una planificación que limite el avance indiscriminado, los piedemontes corren el riesgo de convertirse en una sucesión de urbanizaciones inconexas, con graves costos ambientales y sociales”, advierte el documento preliminar elaborado por el GEA-CONICET.
Además de la presión urbana, la actualización del OTBN también apunta a fortalecer la gestión del agua, un recurso cada vez más crítico. Las Sierras Centrales y los Comechingones funcionan como verdaderas fábricas naturales de agua para gran parte de la provincia, pero su capacidad de provisión está siendo erosionada por el desmonte y la impermeabilización del suelo asociada a la urbanización.
El trabajo de actualización busca no solo delimitar zonas de protección, sino también proponer políticas de manejo integral que reconozcan la interdependencia entre bosques, agua y comunidades humanas.
La puesta en marcha de este proceso significa retomar una tarea que estuvo postergada durante casi una década. Según lo establece la Ley Nacional 26.331, cada provincia debe actualizar su OTBN cada cinco años, adaptándolo a los cambios ambientales, sociales y económicos. San Luis, como la mayoría de las jurisdicciones del país, se encuentra en deuda con este mandato legal.
El nuevo convenio con el CONICET representa una oportunidad para saldar esa deuda y, sobre todo, para abrir un debate público sobre cómo se gestionan los recursos naturales en un contexto de creciente presión urbana y climática.
En definitiva, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se perfila como una herramienta crucial no solo para proteger la biodiversidad, sino también para enfrentar un problema que se vuelve cada vez más evidente: la expansión urbana desordenada en los piedemontes serranos.
